“Es urgente que el ayuntamiento de Málaga ponga freno a esta ley de la selva”
MÁLAGA- Desde Podemos e IU estiman que hay un tercio de viviendas turísticas ilegales que se suman a las 10.500 registradas y señalan a la Junta y al ayuntamiento como responsables de la situación, “ambas instituciones han mirado para otro lado ante un fenómeno que ha proliferado de forma descontrolada” apunta Nico Sguiglia, concejal en el ayuntamiento y coportavoz de Con Málaga.
Según el registro de la Junta de Andalucía Málaga cuenta con 10.500 viviendas turísticas registradas, viviendas que suponen un total de 54.525 plazas con un aumento del mil por ciento en los últimos 8 años. Según estudios de la Universidad de Sevilla se calcula que a los registros oficiales hay que sumarle en torno a un tercio de esa cantidad que son ilegales. Un incremento de alrededor de 3.000 viviendas más en el mercado.
“Es urgente que el ayuntamiento de Málaga ponga freno a esta ley de la selva” reclama Sguiglia “lo que exigimos desde Podemos e IU es que se ponga en marcha un Plan Municipal de Inspección que haga aflorar estas viviendas turísticas ilegales, se tomen las acciones pertinentes y se las retire del mercado”
Por su parte Toni Morillas, concejala y coportavoz también de Con Málaga, recuerda que “cada vivienda que se destina a alquiler turístico es una vivienda menos para el alquiler de larga temporada, el alquiler habitacional que es el que necesitan los malagueños y las malagueñas”
“Está más que probado que el aumento del alquiler turístico va emparejado al aumento de los precios del alquiler general” apuntan desde la confluencia “nuestra ciudad necesita un ayuntamiento que vele por sus ciudadanos y evite este tipo de prácticas ilegales”. De este modo destacan que otros ayuntamientos ya han llevado a cabo acciones en este sentido “hablamos de algo tan sencillo como cotejar las viviendas ofertadas en las plataformas con los registros oficiales” indica Morillas.
En palabras de Sguiglia “esto permitiría asegurar la recaudación tanto por el cumplimiento como por el incumplimiento de la regulación y aplicar esta recaudación en políticas que minimicen el impacto que tienen las viviendas turísticas en el conjunto del mercado y favorecer el acceso general a la vivienda”
