Para poner fin a los tiroteos que afectan a la provincia
MÁLAGA- El Grupo Provincial VOX ha registrado este viernes una moción para combatir la oleada de criminalidad que está sufriendo la provincia de Málaga, y en concreto, la Costa del Sol.

En lo que llevamos de año, se han producido 11 tiroteos en la provincia de Málaga, sumando un total de 32 incidentes con arma de fuego desde enero de 2024, con ocho muertos y 42 heridos de bala.
Estas cifras confirman la magnitud del problema, que exige una respuesta contundente e inmediata por parte del Gobierno de España para garantizar la seguridad ciudadana en la provincia de Málaga.
VOX recuerda que la escalada del número de incidentes con armas de fuego es alarmante y que a pesar de ello, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, eliminó algunos de los grupos más efectivos en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Además, el Grupo Provincial VOX denuncia que mientras las estructuras criminales son cada vez más sofisticadas y organizadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven obligados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en inferioridad de condiciones, como es el hecho de que los agentes tengan que trabajar en edificios con más de 40 años, que los vehículos de dotación sean ridículos para hacer frente a criminales que cuentan con vehículos de gran cilindrada y, la falta de medios personales y de protección jurídica para los agentes.
Por ello, VOX registra una moción en la que se solicita reforzar de manera inmediata las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; ejecutar de forma urgente la construcción de nuevas Comisarías y Puestos de la Guardia Civil en la provincia de Málaga; reconocer a los miembros de las FCSE, Vigilancia Aduanera, Fuerzas Armadas e Instituciones Penitenciarias como profesión de riesgo; que se lleve a cabo la equiparación salarial total y absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil con los demás cuerpos policiales autonómicos y, que se realicen las modificaciones legislativas oportunas para expulsar de España a los inmigrantes que hayan sido condenados con penas de prisión.