Afirma que hay que abordarla como una política económica de primer orden
MÁLAGA- La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido esta mañana una reunión con miembros de la junta directiva de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) para abordar la aprobación en Consejo de Gobierno y ahora posterior tramitación parlamentaria de la futura Ley de Vivienda de Andalucía, que supondrá un instrumento clave para movilizar suelo para la construcción de vivienda protegida, agilizará los trámites administrativos y permitirá ampliar el parque inmobiliario en un menor tiempo.
Navarro ha defendido que esta ley ha sido posible gracias a la contribución de todos los agentes del sector inmobiliario, sociales y económicos “lo que nos garantiza que a lo largo de su tramitación seguirá enriqueciéndose con sus aportaciones para que Andalucía cuente con la mejor ley en materia de vivienda de toda España, que sirva de referencia para otras comunidades”.
En la reunión han estado presentes los delegados territoriales de las Consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; María Rosa Morales y Antonio García, respectivamente, junto al presidente general de ACP, Juan Manuel Rosillo y parte de su junta directiva.
“La nueva normativa autonómica nace con la vocación de dar soluciones reales a problemas reales, sin ideología y sin imposiciones”, ha añadido Navarro para afirmar que se trata de una ley “con sentido común con la que intentamos dar respuesta a la falta de oferta de vivienda asequible”.
En este sentido una de las claves más importantes, que ya se pusieron en marcha con el decreto ley del pasado mes de febrero, es la obtención de más suelo para vivienda protegida a través de la creación de una bolsa de suelo, en el que los municipios de más de 100.000 habitantes pueden adherirse para poner a disposición estos suelos para construir viviendas pero también para contar con la posibilidad de poder cambiar la calificación de éstos para poder generar viviendas protegidas y asequibles.
Navarro, que ha destacado que “la agilidad de los trámites urbanísticos es un asunto crítico para poder contar con más viviendas en menos tiempo”, ha defendido que la normativa mejorará esa tramitación dando posibilidad a declarar de interés autonómico aquellos proyectos estratégicos de vivienda que vienen a sumar nuevas unidades habitacionales.
Tras la reunión la delegada ha afirmado con contundencia que “la política de vivienda debe ser considerada una política económica en la situación actual” argumentando que España cuenta con siete ciudades, entre ellas Málaga, que concentran el 40% del PIB y que tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda. “Estas ciudades atraen empresas y empleo que les lleva a experimentar importantes crecimiento poblacionales” y la falta de vivienda puede suponer un freno de la actividad económica de estos territorios.
“Si aún hay alguien que no se ha dado cuenta de que la falta de vivienda puede paralizar el crecimiento económico, habrá que quitarle esa venda de los ojos porque, al igual que la movilidad, la vivienda puede ser un freno al crecimiento empresarial y, por lo tanto, a la actividad económica de una provincia tan dinámica como Málaga”, ha añadido.
En esta línea ha defendido la necesidad de compartir responsabilidad y apostar por una mayor cogobernanza en materia de vivienda, poniendo como ejemplo el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Málaga para la construcción de nuevas viviendas o las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para incentivar el mercado. “Hace falta que otras administraciones, como el Gobierno de España, se impliquen en esta materia con el mismo nivel de compromiso que lo estamos haciendo”, ha dicho Navarro quien ha apostado por mayores incentivos fiscales no sólo para los promotores y constructores sino también para los compradores y los inquilinos de viviendas.
Normativa, fiscalidad y financiación en materia de vivienda
La delegada ha afirmado que una de cada tres viviendas que hacen falta en Andalucía se encuentran en la provincia de Málaga y, por ello, ha considerado de vital importante todo el trabajo que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo para solucionar el problema de acceso a la vivienda donde destaca, además de la normativa que se está tramitando y la aprobación en 2021 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía (la LISTA), las medidas fiscales y la financiación.
“Desde que Juanma Moreno es presidente de Andalucía se han aprobado seis bajadas de impuestos que mucho tienen que ver con la vivienda porque si los andaluces cuentan con más dinero en sus bolsillos, pueden tener más capacidad de ahorro para dedicarlo a la adquisición de una vivienda”, ha insistido.
Entre las reformas fiscales puestas en marcha la delegada de la Junta en Málaga ha destacado la deducción autonómica en el IRPF de hasta el 15% del alquiler para los menores de 35 años, que beneficiará a unos 250.000 andaluces, así como el 6% de rebaja por la compra de vivienda habitual, que beneficiará a 15.000 andaluces. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ha experimentado una rebaja general al 7%, que llega al 3,5% para los jóvenes.
Asimismo se ha rebajado el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el 1,2%, y se bonifica el 100% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en línea directa de consanguineidad. “Esto no es baladí porque antes de 2019 se penalizaba a aquellos padres que decidían darle un dinero a sus hijos para la entrada hipotecaria de una vivienda, pero ahora este impuesto está bonificado para facilitar la vida a los andaluces”, ha añadido Navarro.
Gracias a todas estas medidas los jóvenes andaluces pueden llegar a ahorrar hasta 6.700 euros en impuestos en la compra de una vivienda y ya son más de 250.000 andaluces los que se han beneficiado de estas rebajas fiscales.
Además, desde 2023 la Junta de Andalucía puso en marcha los avales hipotecarios para jóvenes que quieren adquirir su primera vivienda y que desde este año se incluyen a los menores de 40 años para garantizarles el 95% de la financiación de la vivienda, “una medida que está funcionando y que ya se han beneficiado 2.000 jóvenes andaluces”.
