Esta labor se apoya en una labor previa sólida y contrastada
MÁLAGA- La Subdelegación del Gobierno en Málaga, a través de la Oficina de Extranjería, realizará el seguimiento de las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo socioformativo, prestando el asesoramiento necesario a las partes firmantes para contribuir a que dichas solicitudes se tramiten con las máximas garantías y puedan llegar a buen término en el marco del ‘Proyecto piloto para certificados profesionales de especial interés en las solicitudes de residencia temporal por razones de arraigo socioformativo de personas inmigrantes’ a través de un acuerdo suscrito hoy con la Junta de Andalucía y diversas organizaciones empresariales, sindicales y ONGs.
El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha señalado que este acuerdo, que se encuadra en el Foro Provincial de Málaga para la integración de las personas de origen migrante, responde a una doble necesidad: por un lado, facilitar itinerarios reales y efectivos de inclusión social y laboral para las personas de origen migrante; y, por otro, dar respuesta a las demandas del tejido productivo mediante una formación alineada con los perfiles profesionales más necesarios
Javier Salas ha destacado el importante trabajo que la Oficina de Extranjería en Málaga viene desarrollando de manera continuada en la gestión y tramitación de los procedimientos de extranjería, y en particular en las autorizaciones de residencia vinculadas a las distintas modalidades de arraigo.
El subdelegado ha explicado que en Málaga, desde mayo de 2025, fecha en la que entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, se han tramitado hasta hoy 9.507 solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, de las que 8.948 son solicitudes de arraigo. De estas, 1.398 son arraigos socioformativos, lo que, desde la entrada en vigor del nuevo reglamento y a diferencia del anterior Real Decreto 557/2011, supone que están habilitados a trabajar por cuenta ajena hasta un máximo de 30 horas semanales con el fin de que sea compatible con la formación que reciben durante la vigencia de la autorización de residencia.
En el mismo período del ejercicio anterior, de las autorizaciones equivalentes a las actuales, se recibieron un total de 3.417 solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, por lo que se ha producido un incremento del 160,87%. Si la comparación se efectúa en términos absolutos en todos los trámites, la Oficina de Extranjería ha tramitado un 24,20% más de solicitudes respecto a 2024.
El Gobierno, consciente de este contexto, reforzó la Oficina de Extranjería de Málaga en mayo de este mismo año con 20 empleados públicos más hasta alcanzar una plantilla total de 81 efectivos, lo que supone un 41% más de funcionarios adscritos a esta dependencia que en 2018.
Javier Salas ha resaltado que “hablamos de una coyuntura en la que las personas extranjeras, según los últimos datos publicados, representan hoy en Málaga el 16,50% de los trabajadores afiliados y en alta en la seguridad social, por lo que la regularización de estas personas a través de los arraigos está suponiendo, además, un acicate para la sostenibilidad actual y futura del sistema de pensiones”, destacando que “los márgenes de edad son múltiples y el relevo intergeneracional es necesario para la continuidad y sustitución de los cotizantes del sistema”.
Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha hecho hincapié en que “el arraigo socioformativo, a diferencia del arraigo sociolaboral, por ejemplo, permite que las personas extranjeras que tengan dificultades para encontrar un empleo puedan acceder a una autorización de residencia para que, previa adquisición de una formación y, por tanto, de capacidades y habilidades en ocupaciones de alta demanda en el mercado de trabajo, puedan integrarse en la sociedad y al mismo tiempo favorecer las propias necesidades empresariales”.
Finamente, Javier Salas ha precisado que “este proyecto piloto no parte, por tanto, de cero, sino que se apoya en una labor previa sólida y contrastada, que ahora se refuerza mediante una mayor coordinación institucional y un enfoque específico en el arraigo socioformativo”. Un compromiso institucional que, ha afirmado el subdelegado, “refuerza la seguridad jurídica del procedimiento y transmite un mensaje claro: la integración es una responsabilidad compartida y requiere coordinación, rigor administrativo y voluntad de colaboración entre todas las instituciones implicadas”.
