La formación acusa al Ayuntamiento de aplicar una política “discriminatoria'
MÁLAGA- Desde el pasado 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Málaga sanciona con 200 euros a los vehículos matriculados fuera de la capital que acceden a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin etiqueta medioambiental.
El sistema, basado en más de 90 cámaras de control, tramita automáticamente las denuncias a través del Área de Movilidad y Gestrisam. Sin embargo, esta normativa no se aplica a los vehículos con matrícula extranjera, que pueden circular por la zona restringida aunque carezcan de distintivo ambiental.
Una ZBE que castiga solo a los malagueños
Desde el Grupo Municipal VOX Málaga denuncian que esta situación genera un trato desigual evidente entre conductores en idénticas condiciones.
Mientras un vecino de la provincia con un vehículo diésel sin etiqueta es multado automáticamente, un coche extranjero con el mismo nivel de emisiones puede acceder al Centro sin consecuencia alguna.
“El Ayuntamiento ha implantado una ZBE sabiendo que no podía aplicarla con carácter general”, afirma el portavoz de la formación, Antonio Alcázar, quien subraya que “esto no es una política medioambiental, es discriminación institucionalizada contra los malagueños”.
Recaudación encubierta bajo una falsa lógica técnica
Alcázar denuncia que este modelo responde a una forma de actuar cada vez más habitual por parte de las administraciones.
“Sablear los bolsillos de los ciudadanos y estafarlos una y otra vez se ha convertido en la práctica común cuando se imponen medidas supuestamente técnicas que en realidad solo persiguen recaudar”, señala.
El portavoz de VOX compara la ZBE con otras decisiones recientes como la baliza V16, que califica de “insensata y adoptada sin estudios técnicos ni informes independientes”, y sostiene que la implantación de la zona de bajas emisiones en Málaga responde a la misma lógica ideológica y recaudatoria.
El Ayuntamiento elude responsabilidades y culpa a la DGT
El Consistorio ha intentado justificar la falta de sanciones a vehículos extranjeros responsabilizando a la Dirección General de Tráfico (DGT).
No obstante, el propio organismo estatal ha desmentido estas explicaciones y ha confirmado que existen mecanismos europeos para sancionar a coches con matrícula extranjera, como ya aplican otros municipios turísticos.
“Estamos ante una decisión política deliberada: implantar una ZBE mal diseñada, técnicamente deficiente y jurídicamente insegura, únicamente para cumplir una agenda ideológica y recaudar a costa de quienes viven y trabajan en Málaga”, denuncia Alcázar.
VOX refuerza su contencioso contra la ZBE
Estos hechos refuerzan el contencioso administrativo interpuesto contra la Zona de Bajas Emisiones por parte del Grupo Municipal.
En él, la formación sostiene que la normativa vulnera principios básicos del ordenamiento jurídico, carece de proporcionalidad y no garantiza su aplicación homogénea.
“Una norma que castiga solo a una parte de los conductores no puede considerarse ni justa ni legal”, afirma Alcázar, quien exige “la suspensión inmediata de este modelo fallido y la retirada de una ZBE que ha quedado retratada como lo que es: un experimento ideológico mal gestionado que perjudica a los malagueños sin mejorar el medio ambiente”.
