El precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos en la última década
MÁLAGA- Málaga ha dejado de ser una ciudad para los malagueños. Esta es la cruda, innegable y dramática realidad que el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde Francisco de la Torre, se niega a mirar de frente. O la está creando a medida con alevosía. Detrás de la fachada de los museos franquicia, de los titulares pagados en revistas internacionales sobre el paraíso de los nómadas digitales y de las luces de Navidad millonarias, se esconde una crisis social sin precedentes en la historia democrática de nuestra ciudad. El autodenominado milagro del éxito de la capital de la Costa del Sol es, en realidad, una trituradora de derechos fundamentales que está devorando a la clase trabajadora, a nuestros jóvenes y a nuestras familias, expulsándonos sistemáticamente más allá de las fronteras del cinturón metropolitano, creando además un auténtico problema de movilidad cada mañana por los oriundos que siguen trabajando en la ciudad sin vivir en ella.
De la Torre ha convertido a Málaga en un inmenso tablero de Monopoly donde el derecho constitucional a una vivienda digna ha sido sustituido por la voracidad especulativa. Han extendido una alfombra roja a los fondos buitre, a los que viven de la renta y a la especulación inmobiliaria más salvaje, mientras dan la espalda a los ciudadanos que pagan sus impuestos y que han levantado esta ciudad con su esfuerzo. La desidia institucional de este ayuntamiento no es un error de cálculo, sino que es una hoja de ruta ideológica premeditada que asume la gentrificación y la expulsión vecinal como daño colateral aceptable en su afán por consolidar un parque temático para turistas y rentas altas
extranjeras que incluso han aprendido a saltarse la norma comprando comunidades enteras para crear apartamentos turísticos, esquivando restricciones legales.
La escalada de precios es insoportable desde hace años, euro a euro. Las cifras, publicadas recientemente por tasadoras de referencia como Tinsa a cierre de 2025 y principios de 2026, son un absoluto clamor que debería sonrojar a los responsables de Urbanismo de este ayuntamiento y al equipo de gobierno. En Málaga capital, el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos de la última década, registrando un incremento interanual del 11,38%. Comprar un techo bajo el que vivir cuesta ya una media de 2.820 euros el metro cuadrado en nuestra ciudad. Un piso estándar de 90 metros cuadrados se sitúa por encima del cuarto de millón de euros, 253.820 euros concretamente, una cifra obscena e inasumible para el salario medio de los malagueños que roza los 1.300 euros mensuales.
Pero el drama adquiere tintes de emergencia social cuando bajamos al suelo de nuestros distritos. La subida no se limita a las zonas tradicionalmente exclusivas. La mancha de la especulación está ahogando a los barrios trabajadores y de expansión. Hablamos de incrementos interanuales escalofriantes con un 18,48% en Teatinos-Universidad; un 17,32% en Bailén- Miraflores, un 15,37% en Ciudad Jardín y un 15,36% en Campanillas. Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero rozan el 14%, impensable para zonas tradicionalmente trabajadoras y humildes, las más densamente pobladas de la ciudad e, incluso, de Europa.
El esfuerzo teórico de compra para una familia malagueña ha saltado por los aires. Si los organismos financieros establecen la línea roja de endeudamiento en el 35% de los ingresos, en la capital estamos forzando a las familias a destinar porcentajes que superan la mitad de sus salarios. Emanciparse en Málaga es, hoy por hoy, un acto de heroicidad o un privilegio reservado a herederos. Los hijos no pueden comprarse una casa en su barrio de toda la vida, imposible morar junto a sus padres.
Y ante esta sangría, ¿qué balances nos encontramos? La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) ya ha dado la voz de alarma. Málaga sufre un déficit de creación de 700 viviendas anuales. A este ritmo de inacción municipal, en tan solo una década a la ciudad le faltarán 30.000 viviendas. Recordemos cuando este grupo se presentaba en campaña de las últimas elecciones municipales con el pleno convencimiento de ejecutar en una legislatura 10.000 viviendas públicas por un precio inferior a los 150.000 euros y el alcalde negó la mayor. Hoy en día, ni siquiera esas 10.000 VPO serían suficientes con más de 30.000 personas en espera de una de ellas. La conclusión es que tres décadas de gobiernos del PP no han servido para consolidar un parque público de vivienda en alquiler capaz de actuar como dique de contención.
Han fracasado estrepitosamente y este fraude electoral, pese a sus promesas, lo estamos pagando hoy con sangre, sudor y lágrimas. El sudor de trabajadores que son pobres, porque el precio del alquiler ahoga; las lágrimas de familias enteras obligadas a hacer la maleta, casi 50.000 en los últimos cinco años. Y un comercio local que se desangra porque tras echar la persiana, asfixiado por el incremento de precios del alquiler, surge una infravivienda.
Y es que a esta tormenta perfecta se suma un fenómeno perverso que cuenta con la bendición y el sello oficial de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la transformación masiva, descontrolada y letal de locales comerciales en microviviendas. En los barrios de Málaga se da esta conversión cinco veces a la semana. El paisaje de nuestros barrios está mutando de forma deprimente. Donde antes había una panadería, una mercería, una peluquería o un pequeño comercio que daba vida, seguridad y cohesión social a la calle, hoy encontramos persianas bajadas, cristales tintados y cerraduras electrónicas. Solo en el año 2025, este Ayuntamiento tramitó 274 cambios de uso. En los últimos tres años, más de 800 locales han sido engullidos por esta dinámica. Cinco locales comerciales destruidos cada semana son, prácticamente, uno al día. Y seguimos sumando.
No nos engañemos. Esta conversión no responde a una estrategia social para paliar la falta de vivienda. Responde a la pura y dura avaricia especulativa. Los informes de portales como Idealista son cristalinos. Convertir un local comercial en vivienda para destinarlo al mercado libre, a menudo al alquiler de altísima rotación o turístico encubierto burlando la moratoria, ofrece una rentabilidad un 86% superior a la de mantenerlo como actividad comercial. El Ayuntamiento, con la señora Carmen Casero a la cabeza de Urbanismo, se escuda cobardemente en un "cumplimiento riguroso de la normativa", ha afirmado la edil del PP en varias comisiones. Es una excusa inaceptable. Están permitiendo la legalización de zulos e infraviviendas de apenas 30,5 metros cuadrados, con alturas de 2,7 metros, que apenas cumplen los mínimos históricos de habitabilidad, densidad, luz y ventilación. Están condenando a la ciudad a la pérdida irreversible de su tejido productivo local, desertificando las calles de nuestros distritos y creando guetos residenciales en las plantas bajas que no fomentan la convivencia, sino el tránsito especulativo con la banda sonora de los trolleys sobre el acerado rugoso de hace más de 30 años.
A toda esta desidia y abandono de los barrios hay que sumar la ceguera y la obstinación ideológica del Partido Popular, que se niega sistemáticamente a utilizar las herramientas que la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda pone a su disposición para declarar Málaga como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Este boicot institucional ya no tiene absolutamente ninguna coartada legal. El Pleno del Tribunal Constitucional acaba de desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, contra varios preceptos de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Por cuarta vez, el Alto Tribunal tumba los recursos del PP y avala la competencia del Estado, confirmando que la mayoría progresista impone que la ley estatal puede regular aspectos básicos del derecho a la vivienda frente a la oposición en bloque de los magistrados conservadores.
La resolución esgrime de manera contundente que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país. La sentencia ha confirmado la constitucionalidad del artículo que consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Con este fallo, el Constitucional desmonta el argumentario del PP sobre la supuesta invasión de competencias
autonómicas o municipales en materia de urbanismo. Desde el Ministerio de Vivienda ya han celebrado que la Justicia haya avalado por cuarta vez la constitucionalidad de la norma, recordando a las comunidades y ayuntamientos del PP que la ley funciona, es plenamente constitucional, y que harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones. Negarse a aplicar la ley e impedir que bajen los alquileres en las zonas tensionadas de Málaga por puro partidismo es un acto de extrema gravedad y crueldad hacia nuestros vecinos.
Mirando hacia otra capital española, esta vez la ciudad condal, el Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato del socialista Jaume Collboni implementará el Plan Viure con el objetivo de recuperar más de 10.000 viviendas de uso turístico para el mercado residencial a partir de 2028. Esta medida, diseñada para combatir la emergencia habitacional, cuenta con el respaldo jurídico del Tribunal Constitucional, que validó la urgencia de regular este sector al considerar que el derecho a la vivienda prevalece sobre el uso turístico. La estrategia no solo busca aumentar la oferta para alojar a unas 25.000 personas, sino que también persigue una reducción estimada del precio del alquiler de hasta un 13,4%, apoyándose en precedentes europeos y en la clasificación de Barcelona como zona de mercado tensionado.
A pesar de la extinción de estas licencias, el consistorio barcelonés asegura que la capacidad de acogida de la ciudad no se verá comprometida gracias a la sólida infraestructura hotelera y la previsión de nuevas plazas en zonas en desarrollo. Aunque la mayoría de estos pisos están en manos de empresas y grandes tenedores, el Ayuntamiento ha previsto un plan de choque con Barcelona Activa para mitigar el impacto laboral en el sector, ofreciendo recualificación a los trabajadores afectados. En última instancia, la medida responde a una demanda social, ya que más del 60% de los ciudadanos asocia los pisos turísticos con problemas de convivencia y pérdida de comunidad vecinal.
Mientras esto ocurre, el alcalde de nuestra ciudad, Francisco de la Torre, se limita a hacer reflexiones en voz alta sin tomar ni una sola medida valiente ni social. La moratoria de los pisos turísticos ha llegado tarde y mal, por la presión de la oposición de gobierno que lidera el PSOE y grandes manifestaciones vecinales en los últimos dos años. Además, esta moratoria está llena de agujeros. Necesitamos medidas contundentes, valientes y de aplicación inmediata para salvar Málaga de sus propios gestores o, de lo contrario, el malagueño de toda la vida será, en breve, un turista en su propia ciudad. En el centro ya ocurre porque escuchar a sus moradores, extranjeros principalmente, da una idea de la torre de Babel en que el PP lo ha convertido. Exigimos que este Pleno deje de ser un suministrador de excusas y asuma sus competencias de una vez por todas frente a la crisis habitacional en que está sumida la ciudad. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Instar al equipo de gobierno a iniciar de manera inmediata la tramitación y el expediente correspondiente para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de la ciudad de Málaga como Zona de Mercado Residencial Tensionado, acogiéndose a las herramientas que proporciona la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023).
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Málaga insta a la Gerencia Municipal de Urbanismo a crear una comisión técnica de inspección urbanística encargada de auditar los más de 800 cambios de uso aprobados en los últimos tres años para detectar las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operen de manera ilegal.
TERCERO. El Pleno insta al equipo de gobierno a aprobar en las próximas ordenanzas fiscales la aplicación del recargo máximo legal permitido de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmueles (IBI) a los grandes tenedores
que mantengan viviendas vacías de manera injustificada.
CUARTO. Exigir al equipo de gobierno la redacción, en un plazo no superior a tres meses, de un Plan Extraordinario de Vivienda Municipal que no consista en propaganda a futuro, sino que detalle la cesión inmediata de suelo municipal al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para la construcción de promociones exclusivamente destinadas al alquiler social y asequible.
QUINTO. El Ayuntamiento de Málaga se compromete a dotar económicamente una línea de ayudas directas y bonificaciones en impuestos y tasas municipales, como la tasa de basura y de terrazas, para los pequeños comerciantes y autónomos que operen en locales arrendados para amortiguar la escalada de precios que amenaza con el cierre de sus negocios.
SEXTO. El Pleno insta al Ayuntamiento de Málaga a modificar la Ordenanza de Vía Pública para prohibir expresamente la instalación de cajetines o cajas de seguridad para llaves en fachadas, rejas, farolas y mobiliario urbano, ordenando a la Policía Local su inmediata retirada y la apertura de expedientes sancionadores a sus promotores.
SÉPTIMO. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga se compromete a poner en marcha una Oficina Municipal dotada de personal jurídico especializado para asesorar gratuitamente a los vecinos de Málaga frente a abusos de arrendadores, subidas ilegales de rentas, cláusulas nulas en contratos de alquiler, presiones de fondos buitre y procesos de desahucio sin alternativa habitacional.
OCTAVO. El Pleno de la ciudad de Málaga insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que complemente con fondos propios autonómicos el Bono Alquiler Joven estatal, así como a que resuelva de manera inmediata el colapso burocrático que ha dejado a miles de jóvenes malagueños esperando durante años una ayuda vital para su emancipación.
