La moción surge ante el nuevo sistema propuesto para promociones junto a Lagoom Living
MÁLAGA- El portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nico Sguiglia, ha anunciado la presentación de una moción para reforzar la transparencia, la equidad y el control público en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO). La propuesta se plantéa al hilo del nuevo modelo de asignación de viviendas propuesto para las promociones acordadas por el equipo de gobierno con la promotora privada Lagoom Living.
Sguiglia ha recordado que cerca de 35.000 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en Málaga, una cifra que evidencia la magnitud del problema y que, a su juicio, obliga a extremar las garantías en el acceso a este recurso. “La situación de la vivienda en Málaga es una auténtica emergencia. Precisamente por eso, las políticas públicas deben ser ejemplares, transparentes y centradas en quienes más lo necesitan”, ha señalado.
El portavoz ha criticado duramente el modelo impulsado por el Ayuntamiento en las últimas promociones, basado en la colaboración con promotoras privadas a las que se les está dejando la gestión directa de los procesos de adjudicación, afirmando que se está dejando en manos privadas la adjudicación de viviendas públicas. “Esto es un grave error: la vivienda protegida debe gestionarse de forma directa por el Ayuntamiento para garantizar el control público y la igualdad”, ha valorado.
Sguiglia también ha cuestionado los criterios actuales de acceso, que permiten optar a estas viviendas a personas con ingresos de hasta 4.400 euros mensuales, una cifra que considera alejada de la realidad social de la ciudad. “No tiene sentido que en una ciudad con salarios medios mucho más bajos se diseñen promociones públicas a las que pueden acceder rentas tan elevadas”. Para el portavoz de la confluencia de ixquierdas “hay que priorizar a quienes tienen más dificultades”.
Otro de los aspectos más criticados por Con Málaga es el sistema de adjudicación por orden de llegada, que sustituye a mecanismos tradicionales como el sorteo público. “Adjudicar viviendas por orden de llegada vulnera los principios de igualdad” ha advertido el concejal que considera, además, que este método de asignación perjudica a personas mayores o a quienes no tienen acceso o habilidades digitales, y además “abre la puerta a posibles prácticas irregulares”.
Ante esta situación, la moción presentada por Con Málaga plantea tres grandes líneas de actuación para corregir lo que consideran un modelo injusto. En primer lugar, se propone que todas las promociones de vivienda protegida desarrolladas sobre suelo público o con financiación pública sean gestionadas directamente por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), evitando que la adjudicación quede en manos privadas.
En segundo lugar, se plantea que todas las VPO se adjudiquen exclusivamente mediante sorteo público, como mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades frente a sistemas como el orden de llegada.
Y, en tercer lugar, la iniciativa apuesta por que los requisitos de acceso se ajusten a la renta media de la ciudad, priorizando a las familias con ingresos medios y bajos frente a modelos que amplían el acceso a rentas más altas. “Proponemos algo muy claro: control público, sorteo como regla general y criterios sociales ajustados a la realidad de Málaga. La vivienda protegida debe ser una herramienta de justicia social, no un privilegio para unos pocos”, ha subrayado Sguiglia.
Además, la moción incluye medidas para reforzar la transparencia en todo el proceso, como la creación de un portal específico donde se publiquen los criterios de adjudicación, el número de solicitantes, los listados y los perfiles socioeconómicos de los adjudicatarios.
Desde Con Málaga insisten en que la vivienda protegida, especialmente cuando se construye sobre suelo público, “debe responder exclusivamente al interés general” y no puede gestionarse como una promoción inmobiliaria convencional. “La ciudadanía exige transparencia, igualdad y rigor. No podemos permitir que la política de vivienda se aleje de su función social en un momento tan crítico como el actual”, ha concluido Sguiglia.
