El sindicato exige que se eviten este tipo de multas
MÁLAGA - El pasado mes de enero, un técnico en emergencias sanitarias fue activado para atender una urgencia en Málaga. Durante el desplazamiento, y circulando con las señales acústicas y luminosas de emergencia activadas, el profesional rebasó un semáforo en fase roja situado en la avenida Valle-Inclán, actuando en todo momento con la máxima precaución y sin que se produjera ningún incidente de tráfico.
Sin embargo, pese a tratarse de un vehículo asistencial que se encontraba prestando un servicio urgente, el trabajador recibió posteriormente una notificación de sanción económica acompañada de la retirada de cuatro puntos de su permiso de conducir. Para CCOO, esta situación resulta especialmente preocupante por las consecuencias que puede tener tanto para los profesionales del transporte sanitario como para el conjunto de la ciudadanía.
"Es incomprensible que un trabajador que acuda a una urgencia sanitaria sea sancionado por cumplir con su función. Si la Administración no corrige esta situación, estará obligando a los y las TES a parase ante cada semáforo por miedo a perder su puesto de trabajo con el consiguiente retraso en la atención de los pacientes”, ha señalado Francisco Aranda, responsable del sector de Transporte Sanitario de CCOO Andalucía.
El sindicato recuerda que la retirada del permiso de conducir puede suponer, en la práctica, la imposibilidad de desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo de estos profesionales. Asimismo, advierte de que este tipo de sanciones genera incertidumbre y puede provocar retrasos en la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia sanitaria, afectando directamente a la calidad asistencial.
CCOO subraya además que el Reglamento General de Circulación contempla expresamente que los vehículos prioritarios en servicio urgente, debidamente señalizados, puedan rebasar señales de detención obligatoria cuando las circunstancias lo requieran, siempre que lo hagan adoptando las medidas de seguridad necesarias.
En este caso, el sindicato considera que el profesional actuó conforme a la normativa vigente y que la sanción responde a una interpretación errónea de la misma que debe ser corregida de manera inmediata.
La organización sindical advierte de que no se trata de un hecho aislado y reclama una actuación coordinada entre las distintas administraciones implicadas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. En este sentido, exige la revisión de la sanción impuesta y la adopción de mecanismos que garanticen la seguridad jurídica de los profesionales del transporte sanitario, al tiempo que se preserve la eficacia y rapidez del sistema público de urgencias y emergencias.
CCOO insiste en que la prioridad debe ser proteger tanto a quienes prestan un servicio esencial para la sociedad como a los pacientes que dependen de una respuesta sanitaria rápida y eficaz en situaciones críticas.
