Advierte de que esta situación puede generar inseguridad jurídica
MÁLAGA - Toni Morillas ha anunciado en la mañana de hoy que en el próximo Pleno del mes de junio presentará una iniciativa sobre la Zona de Bajas Emisiones y ha dado la primicia de unos datos a los que ha tenido acceso el Grupo Municipal Con Málaga sobre este asunto, declarando que “el equipo de gobierno del Partido Popular durante el mes de febrero ha incoado 4.735 denuncias con procedimiento sancionador por la Zona de Bajas Emisiones, lo que significa que cada día se han impuesto 152 sanciones y que si las sumamos las que se impusieron en el mes anterior, el dato resultante es que, en apenas dos meses, han sido cerca de 10.000 procedimientos sancionadores motivados por la Zona de Bajas Emisiones”.
La edil ha señalado que “si hacemos el cálculo en relación a la sanción, estamos hablando de que el Ayuntamiento en esos dos meses, en apenas dos meses, podría recaudar entre un millón y dos millones de euros en función de si se cumple la sanción de 200 euros que hay establecida en la ordenanza, o si se aplica el pronto pago, que es de 100 euros. Es decir, en apenas dos meses, una previsión de recaudación de entre 1 y 2 millones de euros y cerca de 10.000 denuncias”.
En este sentido, Morillas ha manifestado que “el estudio de opinión que ha presentado el Área de Movilidad sobre la Zona de Bajas Emisiones, alumbra algunos datos que confirman lo que desde nuestro grupo veníamos diciendo, y es que el Ayuntamiento de Málaga no ha hecho los deberes en materia de movilidad, el Ayuntamiento de Málaga suspende, y ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones sin haber acometido las actuaciones previas que eran necesarias para que esta herramienta sirviera de manera efectiva para reducir las emisiones y para reducir el uso del vehículo privado”.
Morillas ha desglosado algunos datos de dicho estudio como que un 48% de malagueños y malagueñas consideran que son excesivas las medidas sancionadoras que se han contemplado, un 75% no ha modificado su hábito en el desplazamiento, lo que significa que esta medida no ha sido efectiva para reducir el uso del vehículo privado, y que un 66% de los malagueños considera que la Zona de Bajas Emisiones debería haberse acompañado de medidas de fortalecimiento y ampliación de la red de transporte público colectivo, de manera que el uso del metro, del autobús urbano e interurbano, realmente pueda constituir una alternativa real de movilidad al uso del vehículo privado”.
“En definitiva, el equipo de Gobierno no ha hecho los deberes en relación a la Zona de Bajas Emisiones y esa sentencia del TSJA vuelve a confirmar lo que estamos planteando. En base a esto, nosotras planeamos en primer lugar que el Ayuntamiento debe de desistir y no recurrir esa sentencia, ya que de no hacerlo se podría estar incurriendo en un grave problema de inseguridad jurídica, tanto para los vecinos como para el propio Ayuntamiento. Porque esas cerca de 10.000 personas que pueden ser sancionadas en apenas dos meses pueden acabar interponiendo recursos judiciales frente al Ayuntamiento por la situación de inseguridad jurídica que se está generando en este momento”, ha advertido.
Asimismo, Morillas ha señalado también que “es imprescindible que se suspenda el régimen sancionador previsto hasta que en la ciudad de Málaga se pongan en marcha los aparcamientos disuasorios y la red de transporte pública colectiva comprometida por el propio equipo de Gobierno y que no ha sido llevada a tal efecto hasta el momento. Recordemos que el Partido Popular, en su programa de gobierno, contemplaba poner en marcha durante esta legislatura una red con más de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios que permitieran que todas esas personas que han sido expulsadas de la ciudad de Málaga, que no pueden vivir aquí porque no pueden pagar una vivienda, pero que diariamente tienen que desplazarse a la ciudad para poder acudir a sus centros de trabajo, puedan dejar su vehículo en un aparcamiento disuasorio, en el Martín Carpena, en la zona este o en la zona norte, y puedan acudir a su centro de trabajo en transporte público colectivo, pero en tres años de mandato no hay ni una sola plaza de aparcamiento disuasorio”.
Así, la portavoz adjunta de Con Málaga ha sido contundente exigiendo que “tiene que suspenderse el régimen sancionador mientras se pone en marcha esa red de aparcamientos disuasorios que permitan que realmente haya una alternativa factible y real al vehículo privado. Y se debe de abordar de manera dialogada y participativa, una modificación de la Ordenanza de Movilidad que no incurra en que ahora el régimen sancionador se amplíe a todos los malagueños y a todas las malagueñas”.
“Nosotras pensamos que la modificación de esa ordenanza, que se debe de realizar con varias premisas, como abordar todo lo que tiene que ver con una movilidad sostenible y con reducir las emisiones que producen los vehículos privados, pero también desde la premisa de la no discriminación y la de criterios de justicia y de equidad social. No puede ser que Málaga sea una de las pocas ciudades de Europa que incluye dentro de su Zona de Bajas Emisiones un campo universitario, como es el caso de El Ejido”, ha criticado.
Por último, Morilla ha apuntado que este asunto “debe de abordarse con urgencia, sin perder más tiempo, sin recurrir la sentencia, esa modificación de la ordenanza de movilidad de manera que se garantice que hay red de transporte público alternativa eficaz y que, por otro lado, se aplican criterios de justicia social que no provoquen lo que, como todos sabemos, está ocurriendo en este momento, que haya miles de malagueños que viven fuera de la ciudad, que tienen que venir a trabajar y que están siendo sancionados sin tener absolutamente ninguna alternativa de movilidad que sea efectiva”.
