La Fiscalía solicita 14 años de prisión para cada uno de los investigados
MÁLAGA - El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden europea de detención y ha acordado el ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, máximo accionista del Málaga CF, y de sus hijos Nayef, Nasser y Rakan, investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Málaga estimara parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), y revocara la negativa inicial a emitir la orden de detención.
En el auto, la magistrada considera que existe riesgo de que los investigados continúen eludiendo la acción de la Justicia. La resolución señala que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, ninguno de ellos ha designado abogado ni procurador y que los intentos de localización han resultado infructuosos.
Según recoge el escrito judicial, las direcciones facilitadas por la familia Al Thani en Doha (Catar) no han permitido su localización. Además, las investigaciones policiales sitúan a algunos de los investigados en distintos países europeos, como Alemania e Italia, circunstancia que, según la jueza, dificulta la práctica de las diligencias judiciales.
La orden de detención será efectiva en los países que aplican la Orden Europea de Detención y Entrega (OED). Asimismo, la resolución prevé su comunicación a organismos de cooperación policial internacional, como Interpol y la oficina SIRENE, con el objetivo de facilitar la localización de los investigados y, en su caso, tramitar una eventual extradición si fueran detenidos fuera de la Unión Europea.
La Fiscalía solicita para Abdullah Al Thani y sus tres hijos una pena de 14 años de prisión para cada uno por su presunta gestión irregular al frente del Málaga CF. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama su inhabilitación para administrar sociedades mercantiles y el pago de las correspondientes responsabilidades civiles.
El procedimiento continúa pendiente de la notificación formal a los investigados y de la apertura del juicio oral.
