Reclama al IMV soluciones para dos hermanos sin vivienda tras una ocupación ilegal
MÁLAGA - El Grupo Municipal VOX Málaga ha denunciado este viernes la situación de una mujer y su hermano propietarios de una vivienda ocupada que, según ha trasladado a la formación, lleva desde 2024 intentando recuperar su inmueble y actualmente se ven obligados a dormir en la calle.
Ante este caso, la formación llevará una iniciativa al próximo Pleno del Ayuntamiento para reclamar medidas urgentes tanto de atención social como de lucha contra la ocupación ilegal.
Un caso que evidencia el fracaso de las políticas de vivienda
La portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que el caso de esta mujer «pone rostro a un problema del que llevamos mucho tiempo hablando y que no debería producirse en una ciudad como Málaga».
«Nos encontramos con dos hermanos que tienen una vivienda en propiedad y que, sin embargo, llevan casi tres años intentando recuperarla mientras se ve obligados a dormir en la calle. La pregunta es muy sencilla: ¿quién protege a estas personas? ¿Quién protege al propietario cuando es precisamente el propietario quien termina siendo vulnerable?», ha manifestado.
Gómez ha defendido que las administraciones deben ofrecer soluciones habitacionales a quienes las necesiten, pero sin trasladar esa responsabilidad a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales.
«No se puede proteger a una persona vulnerable creando otra persona vulnerable. Si alguien necesita una vivienda, la respuesta tiene que venir de la Administración y no a costa de los derechos de otro ciudadano», ha afirmado.
VOX responsabiliza a la Ley de Vivienda y a las políticas del Gobierno
Desde VOX Málaga consideran que esta situación es consecuencia de las políticas impulsadas por los gobiernos de izquierdas en materia de vivienda.
En este sentido, la formación critica tanto el denominado decreto antidesahucios aprobado durante la pandemia como la Ley de Vivienda de 2023, al entender que prolongan los procedimientos judiciales cuando los ocupantes alegan una situación de vulnerabilidad.
Según ha explicado Yolanda Gómez, estas medidas «han terminado incentivando la ocupación y la inquiocupación, al tiempo que han reducido la oferta de alquiler de larga duración, ya que muchos propietarios prefieren retirar sus viviendas del mercado tradicional por la inseguridad jurídica que padecen».
Asimismo, la portavoz adjunta ha recordado que, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2025, se registraron 14.875 hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles en España, aunque ha señalado que estas cifras no incluyen los casos de «inquiocupación» ni aquellos resueltos extrajudicialmente, por lo que, según distintas estimaciones, el número real sería muy superior.
VOX pedirá al Ayuntamiento medidas inmediatas
Ante esta situación, el Grupo Municipal VOX Málaga llevará una moción al Pleno del Ayuntamiento en la que solicitará que el Instituto Municipal de la Vivienda estudie de forma inmediata el caso de esta propietaria y le proporcione una alternativa habitacional mientras se resuelve el procedimiento para recuperar su vivienda.
«Queremos que los Servicios Sociales tengan en cuenta también la vulnerabilidad del propietario. Cuando la persona que intenta recuperar su casa termina durmiendo en la calle, esa persona también necesita protección por parte de la Administración», ha señalado Gómez.
La edil ha añadido que, a juicio de VOX, «en algunos casos los Servicios Sociales municipales apenas verifican la situación real de vulnerabilidad de los ocupantes, lo que contribuye a que estas situaciones se prolonguen indefinidamente».
Propuestas contra la ocupación ilegal
Además de reclamar una solución inmediata para este caso concreto, VOX instará al equipo de gobierno municipal a impulsar medidas para combatir la ocupación ilegal, entre ellas endurecer la normativa aplicable, impedir el empadronamiento de los ocupantes ilegales, crear una unidad específica de Policía de Barrio especializada en esta problemática, exigir al Gobierno de España la derogación de la Ley de Vivienda y establecer mecanismos de control sobre los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales municipales.
«Los propietarios no pueden seguir siendo las víctimas de unas políticas de vivienda que han fracasado. Es imprescindible defender el derecho a la propiedad y garantizar que quienes sufren una ocupación ilegal puedan recuperar su vivienda con rapidez y con todas las garantías», ha concluido Yolanda Gómez.
