La portavoz de Con Málaga pide que se ponga el foco en construir alternativas al vehículo privado
La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que suspenda de inmediato el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y proceda a modificar la ordenanza después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la regulación de acceso a la ZBE de Málaga al considerar que la diferenciación entre vehículos domiciliados en Málaga y los no domiciliados es discriminatoria.
Morillas ha denunciado que “pese a la situación judicial y las dudas planteadas sobre la regulación, el Ayuntamiento ha continuado tramitando miles de denuncias, hasta alcanzar las 46.562 denuncias o propuestas de sanción vinculadas a la ZBE desde diciembre de 2025, según las sucesivas respuestas oficiales del Área de Seguridad a preguntas formuladas por nuestro grupo municipal”.
La edil ha señalado que “en concreto, hablamos de 11.712 denuncias correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, 6.213 del 1 al 28 de diciembre y 5.499 del 29 de diciembre al 1 de febrero. Posteriormente, entre febrero y mayo de 2026, se registraron 23.745 denuncias remitidas a Gestrisam para su tramitación A esta cifra hay que sumarle ahora otras 11.105 propuestas de sanción correspondientes al periodo de junio y julio de 2026, según la última respuesta oficial firmada por el concejal delegado de Seguridad”.
“Son 46.562 denuncias en apenas ocho meses. Estos datos demuestran que el Ayuntamiento ha puesto mucho más empeño en sancionar que en construir una alternativa de movilidad sostenible. Una Zona de Bajas Emisiones no puede convertirse en una máquina de multas mientras siguen sin existir las condiciones necesarias para que miles de trabajadores y trabajadoras puedan dejar el coche y utilizar alternativas eficaces”, ha denunciado Morillas.
Asimismo, ha señalado que “es especialmente grave que el equipo de Gobierno municipal mantenga el régimen sancionador después de la sentencia del TSJA, cuando la resolución judicial ha cuestionado precisamente uno de los elementos centrales de la regulación municipal. Lo razonable y lo responsable es suspender las sanciones, dejar de generar inseguridad jurídica y abrir inmediatamente un proceso de modificación de la ordenanza”.
La portavoz adjunta recuerda que “la Zona de Bajas Emisiones se ha puesto en marcha sin haber desplegado previamente las infraestructuras que deberían permitir que la ciudadanía tenga alternativas reales al vehículo privado. Desde nuestro grupo venimos reclamando la creación de los aparcamientos disuasorios comprometidos por el equipo de Gobierno, así como el refuerzo de la red de transporte público. De las 5.000 plazas comprometidas por De la Torre, a día de hoy, no existe operativa y tampoco se ha producido el refuerzo suficiente de la red de transporte público”.
Morillas ha subrayado que “la movilidad sostenible no se decreta, y mucho menos se construye a golpe de multa. Primero hay que ofrecer alternativas y después establecer restricciones. Lo que ha hecho el PP es sancionar primero y planificar después”.
En este sentido, la portavoz adjunta recuerda que “desde nuestro grupo no cuestionamos la necesidad de reducir las emisiones contaminantes ni de disminuir el uso del vehículo privado, sino la forma en la que el Ayuntamiento ha implantado la ZBE. Lo que necesitamos es una política de movilidad que reduzca las emisiones, pero que sea socialmente justa, que no penalice a quienes tienen menos recursos y que garantice alternativas eficaces para desplazarse”.
Así, Morillas ha vuelto a reclamar que “se pongan en marcha aparcamientos disuasorios conectados con el transporte público, un refuerzo de la EMT y del transporte metropolitano, caminos peatonales seguros y medidas específicas para colectivos afectados, entre ellos la comunidad universitaria del Campus de El Ejido, incluido dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones”.
Además, la edil también ha exigido que el Ayuntamiento “explique públicamente qué destino está dando a los recursos derivados de las sanciones y que, en ningún caso, la Zona de Bajas Emisiones se utilice como una vía de financiación municipal. El propósito de una Zona de Bajas Emisiones debe ser reducir la contaminación, no recaudar. Cuando se acumulan 46.562 denuncias en ocho meses, mientras siguen sin ejecutarse las alternativas de movilidad comprometidas, es legítimo preguntarse si el equipo de Gobierno municipal la está utilizando con un afán recaudatorio”.
Por último, Morillas ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que “deje de defender una Zona de Bajas Emisiones fallida. Debe suspender inmediatamente el régimen sancionador y sentarse con los grupos políticos, los trabajadores, los vecinos, las organizaciones sociales y los colectivos afectados para diseñar una nueva regulación. Málaga necesita una Zona de Bajas Emisiones que sirva para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático, pero que sea legal, justa y eficaz. Lo que no podemos aceptar es que el PP pretenda solucionar los problemas de movilidad de la ciudad a golpe de multa mientras continúa sin poner en marcha las alternativas que llevan años prometiendo”, ha zanjado.
