Solicita la nulidad de la ordenanza instaurada por el equipo de gobierno del PP
MÁLAGA- Ya lo veníamos anunciando. El Grupo Municipal VOX Málaga ha cumplido su palabra, y el pasado 4 de junio presentó una demanda en la sala de lo Contencioso-Administrativo en la que solicita la nulidad de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga que aprueba la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, el portavoz de la Formación, Antonio Alcázar, ha declarado que “las ZBE limitan los derechos fundamentales básicos, como la libertad de circulación de las personas, también de un elemento de segregación social en función del lugar donde vivas o residas en la ciudad”.
Por otro lado, Alcázar ha explicado que “también son potencialmente perjudiciales para la activadad económica de la ciudad y de la zona o provincia y tal vez lo más grave se trata de una medida discriminatoria y clasista, dado que discrimina a las personas por o en base a su capacidad económica”.
Lo que está claro que “si tienes capacidad para comprar un vehículo eléctrico y además tienes capacidad para residir en el centro de la ciudad NO PAGAS y tienes libertad de entrada y de salida. Sino tiene esa solvencia económica, PAGAS”.
Esta situación tiene un efecto grave sobre las personas más humildes, y sobre las clases medias y trabajadoras, “ya que son éstos los que se ven obligados al pago de tasas para ejercer su libertad de tránsito, alejando el centro de la ciudad de la actividad económica y del desarrollo personal a quien no pueda permitírselo”, apostilla el edil de VOX.
Esto también lógicamente afecta a los comercios y a las empresas que se verán perjudicadas por dicho cambio en su clientela y obligados a acometer cambios en su actividad por una decisión, no de mercado, sino meramente política.
Para el portavoz del Grupo Municipal “la imposición de las ZBE es un ataque al Estado de Derecho, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la democracia”.
Hay que recordar que las ZBE obedecen a unas políticas impulsadas desde Europa que es la agenda 20/30 cuyo único resultado es el empobrecimiento general de Europa.
Para Antonio Alcázar “esta medida tomada por el Ayuntamiento de Málaga tiene un afán recaudatorio, no tiene nada que ver con la salud de los malagueños”.
Se prevé recaudar 11 millones de euros en multas y así como ingresar otros 25 millones de euros en subvenciones de Bruselas habiéndose gastado ya 6 millones sin estar la Ordenanza aprobada.
La demanda interpuesta
Por su parte, el vicesecretario judicial VOX, Jesús Ruiz Ballesteros, ha explicado que “la demanda fue admitida el pasado lunes 9 de junio y trasladada al Consistorio en la misma fecha, dando plazo a éste para oponerse a la misma en los siguientes 20 días hábiles”
La Demanda fue interpuesta por el despacho Ruiz Ballesteros Abogados, y firmada por su socio-director, Jesús Ruiz Ballesteros, acompañando dos informes periciales, uno económico y otro medioambiental.
Para Ruiz Ballestero es importante dejar claro que “para aprobar cualquier Ordenanza el Ayuntamiento, debe demostrar su Necesidad y Proporcionalidad, para ello debe existir una Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que debe incluir los impactos que la Ordenanza tendrá en la ciudad y los ciudadanos, tanto de carácter económico, como social y medioambiental”.
Esta MAIN no existe en el expediente de la Ordenanza de Movilidad que se recurre, por lo que, a juicio del Grupo Municipal VOX, debe ser declarada nula de pleno derecho.
Para que la Ordenanza cumpla con ser Necesaria y Proporcional, el Ayuntamiento debe demostrar que “se han estudiado otras posibles alternativas, no hay ninguna referencia a alternativas menos dañinas para los ciudadanos, que no habrá efecto contagio, éste no se ha estudiado pues el Consistorio considera que todo el mundo va a dejar el coche para usar el autobús, lo que denomina “cambio modal”, sin entrar a valorar que los vehículos se desplacen a otras calles adyacentes y en estas aumenten las partículas contaminantes, por lo que la disminución en una calle supondría el aumento en la de al lado, por tanto, la implantación de la ZBE no cumpliría el objetivo que pretende en la ciudad” y por último “que la medida no es proporcional, en tanto va a establecer medidas restrictivas de derechos de los administrados”, ha señalado el abogado.
En cuanto al informe económico y presupuestario que se adjunta al expediente, tan sólo estudia el impacto en los presupuestos del Ayuntamiento: cuánto se va a recaudar en multas y cuánto se dejará de recaudar por que se cobra menos IVTM (impuesto de circulación) a los coches eléctricos, pero nada se dice sobre cuáles serán las consecuencias económicas en los sectores y colectivos afectados, qué ocurrirá con las empresas de la zona de restricciones, con el empleo de los ciudadanos o la competitividad de las pymes.
Informe medioambiental insuficiente
Por su parte, el informe medioambiental, que es una de las partes fundamentales, “es totalmente insuficiente, por muchos motivos”, ha dicho Ruiz Ballesteros, quien ha puesto como ejemplo “la implantación de ocho cabinas para medir la calidad del aire, de las cuales sólo se pusieron a funcionar seis y para colmo tres están fuera de la Zona de Bajas Emisiones”.
Además, las mediciones se realizaron tan solo durante cuatro meses (entre diciembre de 2022 y marzo de 2023), lo que es del todo insuficiente para motivar la necesidad de implantar las restricciones que cumplan con unos fines que no están convenientemente justificados tener que alcanzarlos, sobre todo porque los resultados obtenidos demuestran que la calidad del aire en Málaga no supera los límites legales establecidos, por tanto, la implantación no puede tener efecto alguno para reducir unas partículas contaminantes que no existen en Málaga, al menos, no existen en cantidad suficiente que justifique tener que implantar prohibiciones.
Para finalizar el vicesecretario judicial de VOX Málaga ha destacado que “lo único que motivan los informes es que es contraproducente implantar una Zona de Bajas Emisiones en Málaga, que además no va a suponer rebajar contaminación alguna, y eso sí, para el Ayuntamiento supone recibir subvenciones de Europa por más de 3 millones de euros para la implantación y aumentar los ingresos vía sanciones de tráfico a los ciudadanos en casi 12 millones de euros, así como otro medio millón de ingresos para la empresa municipal de transportes (EMT) por el aumento de viajeros”.
