Se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones
MÁLAGA- Las entidades locales malagueñas podrán invertir 153 millones de euros de su remanente en los años 2026 y 2027. Esta medida es posible tras la aprobación el pasado mes, por parte del Consejo de Ministros, de un Real Decreto-ley por el que se permitirá a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2026 y 2027.
En la provincia de Málaga se podrán beneficiar de esta medida todos los municipios con remanente y la Diputación provincial.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que “a través de la acción directa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo apuesta una vez más por la colaboración con los ayuntamientos malagueños y la Diputación”. “Lo hace”, ha agregado, “posibilitando que las entidades locales puedan invertir 153 millones de euros hasta 2027 en inversiones financieramente sostenibles con cargo a sus remanentes de tesorería”.
“Esta media muestra la apuesta municipalista del Gobierno de España, impulsando la actividad inversora de las entidades locales para prestar servicios públicos de calidad y fundamentales para los malagueños y malagueñas”, ha subrayado Javier Salas.
“Cabe recordar en esta línea que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado un 40% las entregas a cuenta a las entidades locales de Málaga desde 2018 a 2024 en concepto de Participación en los Tributos del Estado, demostrando así nuestro compromiso con la administración local con hechos, incrementando su financiación”, ha indicado el subdelegado del Gobierno.
“Por el contrario”, ha apostillado Javier Salas, “en ese mismo periodo, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no cumple con las entidades locales ya que no ha llegado al 15% de incremento de los fondos que destina a las entidades locales a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, los llamados fondos PATRICA”.
Con este Real Decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de esos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en los últimos años.
De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como de las Entidades Locales, se podrán destinar a las llamadas del IFS, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público. Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2026 y 2027.
Asimismo, en el caso de que un proyecto de IFS no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2026.
Filosofía de las IFS
Las IFS son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
Estas inversiones deber ser económicamente rentables a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.
Estas Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden destinar, por parte de las Entidades Locales, a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
Por su parte, las Comunidades Autónomas podrán realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos.
