La anterior localización se empleará para habilitar pisos turísticos
MÁLAGA- La Junta ha puesto a disposición de la ONG Málaga Acoge un nuevo local que se adapta a las necesidades de la asociación una vez que ésta ha sido forzada a abandonar eledificio de titularidad pública que en la actualidad está ocupando en la calle Ollerías.
El inmueble de Ollerías salió a subasta y se le adjudicó al grupo de inversores israelí 'White'. La venta, anunciada por la Dirección General de Patrimonio, se ha realizado por 3,6 millones de euros. El grupo adjudicatario, bajo el nombre de White Málaga Casa 32 S.L., tiene como objetivo “la promoción de hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos”.
Tras varias negativas de la ONG a las opciones que se le planteaban, la delegación ha propuesto a la entidad su traslado a la calle Palestina, al edificio de la antigua gerencia de Urbanismo, que cuenta con la superficie y características que ha solicitado la asociación.
Tal y como explica el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos García, dicha propuesta ya se había puesto sobre la mesa hace unas semanas, al igual que la reunión fechada para hoy mismo, agendada hace varios días y cuyo objetivo era acordar con Málaga Acoge su traslado. El delegado explica que, se subastara o no el inmueble de la Calle Ollerías, Málaga Acoge no podía seguir utilizándolo como sede, ya que dicha ocupación no estaba reglada. “De hecho, el edificio no contaba con la Inspección Técnica (ITE) necesaria ni con las condiciones técnicas y administrativas oportunas para ejercer su actividad en él”, apunta. El delegado recuerda que la ONG no tenía título jurídico para ocupar el inmueble y explica que desde la Junta “lo único que se ha hecho es mostrar la mejor de las voluntades y, pese a que no es nuestra competencia, se ha trabajado para que Málaga Acoge cuente con un local de similares condiciones, eso sí, ya de forma reglada”.
Las casas de la calle Ollerías (que ocupa los números 13,15 y 17, número 4 de calle Eduardo Ocón) de Málaga era propiedad de la Junta desde 2001 (la más antigua) y 2008 las últimas. En ellas estuvieron los juzgados hasta que se trasladaron hace casi dos décadas. Después se trasladó allí Málaga Acoge, sin contar con título jurídico de cesión gratuita, contrato de arrendamiento o similar.
Dentro de la política de gestión del Patrimonio de la Junta, que está regulando y poniendo en valor inmuebles abandonados y en desuso hace años, la Dirección General de Patrimonio sacó a subasta el inmueble en la cuarta subasta abierta por la Junta de Andalucía el pasado 1 de febrero, cuyo plazo expiró el pasado 30 de abril, finalmente quedó adjudicado el edificio a la empresa White. Esta compañía cuenta con decenas de proyectos turísticos en la capital de la Costa del Sol, el pasado mayo anunciaba la construcción de 27 nuevos apartamentos turísticos con la constructora Jarquil.
Estrategia en torno al patrimonio público
La Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, elevó a subasta las mencionadas instalaciones, en calle Ollerías, como parte de la estrategia de la para poner en valor en patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía. No en vano, en 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación de hecho, y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno. No existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió).
Asimismo, la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de Andalucía está requiriendo de una importante y compleja labor de regularización física y jurídica de los inmuebles dada la situación de abandono y falta de actuaciones que el patrimonio inmobiliario ha venido sufriendo durante décadas.
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, casi 130 millones de euros, además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios.
