La gente ha dicho basta. El malestar y la indignación que llevaban gestándose desde hace años se han convertido en una ola de movilización y solidaridad que ya no admite más paños calientes ni medias tintas ni excusas. O las instituciones y los partidos que las gobiernan toman decisiones valientes que garanticen el derecho a la vivienda, protejan a las familias trabajadoras y prohíban los usos especulativos, o los niveles de desafección popular van a agudizar aún más la crisis política, social e institucional que atraviesa nuestro país. La crisis de la vivienda ha abierto todas las costuras de un sistema en el que prevalece el negocio de una minoría privilegiada por encima del derecho a vidas dignas de la mayoría social.
El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años a la que un fondo de inversión pretendía subirle el alquiler de la vivienda en la que ha vivido toda su vida, de 500 a 2.600 euros, ha sido un punto de inflexión que ha evidenciado que frente a la lógica del “sálvese quien pueda”, hay miles de ciudadanos y ciudadanas dando una lección de democracia y de ética a las instituciones. Miles de ciudadanos y ciudadanas organizándose, movilizándose, poniendo el cuerpo frente a la policía para parar el desahucio, acompañando a Mari Carmen, señalando a los responsables políticos y económicos y dispuestos a doblarle el pulso al rentismo y a quienes desde las instituciones gobiernan para sus intereses o carecen de la valentía suficiente para hacer lo que hay que hacer.
La ola de solidaridad y movilización está recorriendo el país. Miles de personas han acampado en la Puerta del Sol, trayéndonos a la memoria acampadas similares que hace más de una década abrieron un nuevo ciclo político en el país. Como la propia Mari Carmen ha afirmado, esto no va solo de ella. Hay muchas Mari Carmen. Mujeres, personas mayores, jóvenes, familias trabajadoras que están siendo desahuciadas y expulsadas de sus barrios y ciudades por la codicia y la avaricia de un mercado insaciable, que ha convertido las necesidades básicas en nichos de negocio.
En Málaga todas tenemos en la retina los desahucios de Tita Mari, Mariló o Teresa. Todas ellas mujeres mayores, con pensiones precarias, que han sido desahuciadas por especuladores, sin que las instituciones hayan actuado ni ofrecido soluciones dignas. También la situación de las vecinas del bloque en lucha de Avenida Europa 15, sobre las que sigue acechando la amenaza de expulsión de sus viviendas.
La gran coalición rentista opera a todos los niveles. Pero el desahucio de Mari Carmen le ha quitado la careta. La caída de la prórroga de los contratos de alquiler o de la prohibición de los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad, que aún siendo medidas insuficientes, ofrecían cierto escudo social. PP, VOX y Junts vetaron su aprobación. El bloqueo de la ley para prohibir la compraventa de vivienda a fondos de inversión, impidiendo los usos especulativos de la vivienda, que contó con la abstención del PSOE, que además es el responsable del Ministerio de Vivienda en el Gobierno. La no aplicación de la declaración de zonas tensionadas que permitiría la bajada de los precios del alquiler por parte de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos como el de Málaga, gobernados por el PP. La negativa de ayuntamientos como el de Málaga a aplicar medidas que permitan frenar la plaga de alojamientos turísticos, interviniendo en el mercado con herramientas como el derecho de tanteo y retracto o la expropiación a grandes tenedores, que permitiría ampliar el parque público de vivienda y ponerla a disposición a precios asequibles.
El debate de este ciclo que se abre es claro: o se está con las familias trabajadoras o se está con los especuladores. O las instituciones ejercen su poder e intervienen el mercado para garantizar la bajada de precios y la prohibición de los usos especulativos, o continúan interviniendo como hasta ahora, poniendo la alfombra roja a quienes convierten nuestras vidas en su negocio.
El Gobierno se la juega el próximo martes en su Consejo de Ministros. La fuerza social que se está expresando en las movilizaciones y acampadas está trasladando un mensaje claro: el Decreto Mari Carmen tiene que ser un decreto valiente que dé respuesta a la principal problemática social que vive nuestro país y que esté a la altura de la dignidad y la valentía que Mari Carmen y todas las que la acompañan han mostrado.
Pero también se la juegan los ayuntamientos que en 2027 afrontarán las elecciones municipales. Ya no vale ni tirar balones fuera, ni distraer con argumentarios low cost, ni seguir gobernando para los especuladores, ni asumir la impotencia y la cobardía como una manera de estar en política. El miedo ha empezado a cambiar de bando: es el tiempo de las valientes.
