Hay preguntas que una ciudad debería hacerse antes de celebrar sus récords. Málaga bate marcas de visitantes, atrae inversión internacional y multiplica su presencia en los rankings de ciudades atractivas para vivir y trabajar. Dentro de los récords, hemos conocido que hemos desbancado a Madrid y ya somos la segunda provincia más cara de España para alquilar. La realidad es que cada vez más malagueños y malagueñas se hacen una pregunta mucho más sencilla: ¿Cómo vamos a vivir? ¿dónde vamos a vivir?
El último “Informe Cáritas” sobre la pobreza en nuestra provincia es demoledor y pone el foco sobre el principal origen de esta condición de vulnerabilidad: los altos costes de la vivienda y la falta de vivienda digna. Según la fundación asociada a Cáritas, FOESSA, 200.000 personas caen en una situación de pobreza después de haber atendido los altos costes de la vivienda. Además, estamos volviendo a problemas que pensábamos haber superado, como el hacinamiento, la falta de servicios básicos en muchos casos, la falta de condiciones vitales dignas, con un fenómeno preocupante de realquiler de habitaciones que afecta ya al 24% de las personas que piden ser atendidas en los centros de la entidad.
Durante años se nos dijo que el crecimiento económico acabaría beneficiando a todas y todos. Que el turismo generaría prosperidad. Que la llegada de empresas tecnológicas situaría a Málaga en el mapa global. Pero una ciudad no puede medirse solo por la inversión que atrae, sino también por la capacidad de sus habitantes para desarrollar un proyecto de vida en ella.
Tener hoy un trabajo no te salva de la pobreza, y es por esto que más del 80% de las personas en situación de vulnerabilidad considera que la principal causa de su condición se debe justamente al problema de la vivienda. Estamos hablando de un impacto sobre las condiciones materiales y las posibilidades de vida de miles de ciudadanos en nuestra provincia. 280.000 personas, por ejemplo, no se pueden permitir comprar medicamentos después de atender a los gastos de vivienda: hay gente que se juega la vida para pagarle al casero.
No hablamos únicamente de personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad extrema. Hablamos de trabajadores con contratos estables, jóvenes con estudios superiores, pensionistas y familias que, aun haciendo todo lo que se supone que deben hacer, descubren que ya no pueden asumir el coste de vivir en la ciudad donde nacieron.
La falta de acceso a la vivienda de muchos, es la riqueza de unos pocos: en el mismo informe de Cáritas se pone de manifiesto que mientras empeoran las cifras de vulnerabilidad relacionadas con la vivienda, aumenta la concentración y la acumulación de la mismas en las manos de los multipropietarios.
Con esta situación, es indecente que desde las instituciones competentes no se intervenga el mercado, no se regulen los precios, no se luche contra la acumulación de propiedad y la especulación. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía son cómplices y corresponsables de esta situación, más, teniendo en cuenta que se empieza a ver con claridad que la regulación y la intervención democrática del mercado funciona. Por ejemplo, los últimos datos del informe del Idealista ponen de manifiesto que mientras en la ciudad de Barcelona, en la que sí se aplica la Ley de Vivienda, los precios han bajado casi un 8% frente a los aumentos descontrolados de Madrid o Málaga. Frente al relato de imposibilidad y de ineficacia de medidas como estas, se está demostrando que sí se puede actuar y que la intervención pública no solo contiene los precios, sino que además contribuye a bajarlos.
Cuando el precio de la vivienda crece mucho más rápido que los salarios, cuando barrios enteros cambian de función para convertirse en espacios orientados al visitante temporal, cuando cada vez más personas deben marcharse a municipios cada vez más alejados para encontrar una vivienda asequible, el problema deja de ser individual. Se convierte en un problema de ciudad.
Por eso la movilización convocada por Málaga Para Vivir el próximo 27 de junio merece toda la atención. Muchas personas consideramos relevante salir a la calle para reclamar algo tan básico como poder vivir donde se trabaja, dónde se estudia o donde hemos construido nuestros vínculos familiares.
Hay soluciones y es justo por esto que, el 27 de junio volvamos a la calle para pedir que las instituciones actúen de forma urgente, que se deje de favorecer a la especulación. Es inminente que las instituciones se pongan al servicio de la ciudadanía.
Toda ciudad cambia. Toda ciudad crece. Pero ninguna ciudad puede sostenerse si quienes la hacen funcionar —profesores, sanitarias, camareras, comerciantes, empleados públicos, jóvenes y jubilados— terminan siendo expulsados por el coste de permanecer en ella. Quizá, la verdadera cuestión que plantea el 27J no sea la vivienda, quizás sea algo más profundo: qué tipo de ciudad quiere ser Málaga en los próximos veinte años.
