La Zona de Bajas Emisiones de Málaga ha sido anulada por los tribunales. Quienes promovimos el recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza municipal tenemos motivos para estar satisfechos. Pero, como abogado que ha dirigido esta demanda, considero que lo importante no es quién ha ganado el procedimiento. Lo importante es lo que esta sentencia significa para miles de ciudadanos.
Desde el principio sostuve que aquella regulación era injusta, discriminatoria y difícilmente justificable. Bastaba plantearse una pregunta sencilla: ¿por qué un vehículo sin etiqueta ambiental podía circular por Málaga si estaba domiciliado en la capital, pero otro idéntico, procedente de Torremolinos, Cártama o cualquier municipio vecino, debía pagar una multa? ¿Acaso el domicilio fiscal modifica las emisiones de un motor?
Esa contradicción no era anecdótica. Era el corazón de la norma. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos ha dado la razón al apreciar que la diferencia de trato vulneraba los principios de libertad de empresa y unidad de mercado. La aclaración judicial de octubre, estableció la anulación de la Zona de Bajas Emisiones y no el conjunto de las reglas de circulación de Málaga.
Durante la tramitación del recurso también denunciamos importantes deficiencias en el expediente: mediciones ambientales limitadas, dudas sobre la documentación técnica y una evaluación económica que, a nuestro juicio, no reflejaba suficientemente el impacto sobre familias, autónomos y pequeñas empresas. No basta invocar el medio ambiente para justificar cualquier restricción. Hay que demostrar su necesidad, examinar sus consecuencias y acreditar que no existen alternativas menos gravosas.
Quiero dejar clara una cosa: defender el derecho a circular no significa estar en contra de respirar un aire limpio. Todos queremos una Málaga saludable. Lo que rechazo es convertir un objetivo legítimo en una excusa para imponer prohibiciones desproporcionadas. Especialmente cuando la propia documentación ambiental municipal, nunca acreditó una superación generalizada de los límites legales de contaminación.
La ciudad no termina en su término municipal. Miles de personas llegan cada mañana desde localidades vecinas para trabajar, atender a un familiar o hacer una gestión. Para muchas de ellas, cambiar de coche no es una opción económica real. Y mientras hablamos de prohibiciones, siguen pendientes infraestructuras esenciales como el tren litoral o la ampliación del metro hacia Málaga Este. Primero facilitemos alternativas; después, debatamos las restricciones con datos sobre la mesa.
También advertimos al Ayuntamiento de que debía actuar con prudencia cuando se conoció la sentencia. Pedimos que dejara de multar. Sin embargo, las sanciones continuaron durante meses, hasta su suspensión el 14 de octubre. Ahora sabemos que se iniciaron decenas de miles de expedientes por millones de euros. El Consistorio ha anunciado finalmente que las devolverá de oficio cuando la resolución sea firme. Es lo correcto, aunque llega tarde.
No perdamos de vista quién soporta el coste de los errores administrativos. Primero lo paga el ciudadano sancionado; después, el conjunto de contribuyentes, que financia la gestión de esas sanciones y su devolución. Gobernar exige responsabilidad, también cuando se redactan ordenanzas con consecuencias económicas tan importantes.
La legislación estatal contempla las zonas de bajas emisiones, pero esa obligación no da carta blanca para diseñarlas de cualquier manera. Cumplir la ley exige respetar también la igualdad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Una administración no puede elegir qué ciudadanos soportan una restricción por el simple lugar donde tienen domiciliado su vehículo.
Esta resolución no cierra el debate sobre la movilidad urbana. Al contrario: ofrece una oportunidad para abordarlo de forma más sensata. Pido al Ayuntamiento que escuche a quienes viven y trabajan en Málaga, que mejore el transporte público y que abandone la tentación de resolver problemas complejos mediante multas. Los derechos de los ciudadanos también deben respetarse cuando quien legisla es su propio Ayuntamiento.
Sólo me queda una pena, la gente se acomoda demasiado y no protesta ante las injusticias, si no llega a ser por VOX que confió en nuestro equipo para interponer la demanda, ahora miles de ciudadanos no podrían circular por Málaga sin ser multados.
Nota: Jesús es el abogado que interpuso la demanda contra la Zona de Bajas Emisiones y obtuvo sentencia favorable.
