Un gran escándalo ha supuesto en estos días en el “mundo civilizado”, o lo que queda de él, la muerte en Colombia de siete niños (entre ellos varias niñas) en un enfrentamiento entre el ejército colombiano y los guerrilleros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los menores, de entre 13 y 17 años, hacían parte de un contingente de 20 subversivos que se disponían a emboscar a una patrulla militar en la zona selvática amazónica del sur oriente del país cuando fueron bombardeados por aviones de la fuerza aérea, pereciendo todos ellos en esta acción.
Las críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y su Ministro de Defensa no se hicieron esperar, culpándoles de la muerte de esas criaturas. Sin embargo, los verdaderos responsables, sus verdugos reales, fueron los antiguos líderes guerrilleros reconvertidos ahora en narcoterroristas, quienes pusieron en sus jóvenes manos fusiles automáticos en vez de libros de texto y los sacaron de las aulas de clase para echarlos al monte y convertirlos en “carne de cañón”.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, alrededor de 18.600 niños y niñas fueron reclutados a la fuerza o mediante coacciones y utilizados como soldados por las extintas FARC entre los años 1996 y 2016, cuando se alcanzó un acuerdo de paz entre los alzados en armas y el estado colombiano.
Pero a pesar del alto al fuego definitivo, que no trajo una paz verdadera a esta nación sudamericana, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha revelado que el reclutamiento forzoso de menores por parte de los grupos al margen de la ley creció en un 1.000% en los últimos cinco años.
Lo anterior se debe a que una parte de los guerrilleros desmovilizados tras el fin de décadas de hostilidades volvieron a tomar las armas, convirtiéndose en “disidencias de las FARC”. A eso se le suma que la otra guerrillera histórica, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa activa; al tiempo que organizaciones delictivas, como el Clan del Golfo, sen han transformado en estructuras paramilitares al servicio del crimen organizado.
Para desencanto de nostálgicos de la izquierda, estos grupos guerrilleros nada tienen que ver con la filosofía del Che Guevara. Se trata de industrias criminales que se enriquecen con la producción y el tráfico de drogas, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión. Un lucrativo negocio que estos “perros de la guerra” no están dispuestos a dejar.
También hay que señalar que en un país donde las estadísticas gubernamentales reconocen que el 31,8% de sus 53 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, muchos menores ante un panorama sin futuro deciden entregarse a los grupos armados que les pueden garantizar un sustento a ellos y sus familias.
El Estado colombiano eliminó hace tiempo el reclutamiento para el servicio militar obligatorio a partir de los 17 años, y el ingreso a su Academia Militar del Ejército para cursar allí los últimos años del bachillerato. Ya no hay menores en las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Ahora es necesario sacar a los niños y niñas del ese conflicto bélico, donde las “bestias de la guerra” los han convertido en una soldadesca dócil y de fácil remplazo en el frente de una batalla que no parece tener fin.
