El siniestro ferroviario en Adamuz nos ha sumido a todos en un profundo dolor. Por las 46 víctimas mortales, por sus familias y por todos los heridos aquella fatídica tarde de domingo. En el debate público hay momentos y circunstancias donde todo debe quedar a un lado y tenemos que incidir en lo esencial: la vida, la seguridad y el respeto.
Las familias afectadas tienen derecho, y así lo han pedido, a conocer la verdad. El primer paso es la transparencia. No se puede mejorar lo que se oculta ni se puede reparar el daño sin conocer la verdad. Los informes sobre el estado de la red ferroviaria española arrojan datos que resultan alarmantes y requieren una reflexión profunda y la puesta en marcha de inversiones reales y urgentes.
Según los datos de Eurostat, España lidera las estadísticas de descarrilamientos en Europa entre 2022 y 2024; y se dispara desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. El gasto real en mantenimiento por pasajero se ha reducido en un 40% en los últimos años, provocando limitaciones de velocidad de los trenes y todo tipo de incidencias.
Un deterioro que, además, se produce en un contexto de corrupción generalizada con epicentro en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un momento en el que los españoles pagan cada vez más impuestos y reciben peores servicios públicos. Málaga es un ejemplo. El Gobierno ha superado los 6.000 millones de recaudación tributaria en 2025 en nuestra provincia pero no llegan inversiones que reviertan en la mejora de la movilidad, pese a las cada vez mayores carencias y al riesgo de colapso en un territorio muy dinámico, que atrae inversiones nacionales e internacionales y cuya población seguirá al alza según las previsiones.
Desde el Partido Popular de Málaga, y ahí está la hemeroteca, llevamos años denunciando el deterioro de la red ferroviaria en nuestra provincia. Servicios que antes eran modélicos y garantía de fiabilidad, como el AVE, hoy generan inseguridad e incertidumbre: vibraciones, roturas de catenaria, fallos estructurales y en el material móvil, desprendimientos, etcétera. Son situaciones que afectan a los ciudadanos, con cancelaciones, retrasos y todo lo que ello conlleva de caos en la movilidad. Cada dos días hay una incidencia en la línea de alta velocidad Málaga-Madrid y en los servicios de Cercanías los problemas son prácticamente a diario: 30 el pasado mes de enero.
A ello se suma el sectarismo del Gobierno, al que le hemos pedido que aplique la gratuidad al Cercanías de Málaga durante la crisis ferroviaria y hasta la restitución completa del sistema, tal y como ha hecho en Cataluña, aunque ya conocemos el trato diferenciado y la creación de ciudadanos de primera y de segunda a la que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo de Sánchez y Montero.
La nefasta gestión del Gobierno de España está más centrada en la supervivencia política que en cualquier otra cuestión. Y hoy el silencio del Gobierno es el mayor enemigo de la seguridad.
La memoria de las víctimas exige algo más que palabras de consuelo; exige responsabilidades y, por encima de todo, soluciones para que en el futuro no ocurran situaciones tan trágicas como la que nos heló el corazón el pasado 18 de enero.
