Juanma Moreno ha decidido mantenerse en el poder a cualquier precio. Y ese precio lo va a pagar Málaga.
El acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox no es un simple pacto de gobierno. Es un reparto de poder en el que nuestra provincia ha sido utilizada como moneda de cambio.
Porque Moreno Bonilla ha entregado a la ultraderecha dos competencias estratégicas para Málaga: el turismo y la relación con los ayuntamientos.
No hablamos de dos consejerías cualquiera.
Ha puesto en manos de Vox la principal industria de nuestra provincia. El turismo sostiene miles de empresas, cientos de miles de empleos y buena parte de la riqueza que genera Málaga. Y hablamos también de algo decisivo: la imagen de Málaga en el mundo. Dejar esa proyección exterior en manos de la ultraderecha es un error enorme para una provincia que compite cada día por atraer visitantes, inversión, congresos, talento y oportunidades.
Quien entrega el turismo no entrega una consejería. Entrega una parte esencial del presente y del futuro económico de Málaga.
Pero el precio del pacto no acaba ahí.
También ha dejado en manos de Vox la relación de la Junta con los ayuntamientos. Es decir, la cooperación institucional, buena parte de las inversiones y el diálogo permanente con los municipios andaluces. Málaga, con sus 103 municipios y una realidad territorial tan diversa, necesita una Junta que fortalezca la colaboración con los ayuntamientos, no que los convierta en otra pieza del reparto de poder.
Y las consecuencias del pacto no se limitan al reparto de consejerías. También afectan al modelo de Andalucía que PP y Vox quieren construir. Un modelo que perjudica directamente a una provincia como Málaga.
En vivienda, la emergencia habitacional que sufre Málaga exige justo lo contrario de lo que plantea el pacto: colaboración, lealtad institucional y el uso de todos los instrumentos disponibles, incluida la Ley estatal de Vivienda. Sin embargo, PP y Vox optan por la confrontación y por renunciar a herramientas que podrían ayudar a contener los precios, ampliar el parque público de vivienda y proteger a jóvenes y familias trabajadoras.
En sanidad, el pacto reincide en el fracasado modelo de desviar millones de euros de la sanidad pública a la privada. Un modelo que ya ha tenido consecuencias nefastas para Málaga: más listas de espera, más demoras y un deterioro progresivo de la atención sanitaria pública. Lo que necesita nuestra provincia no son más derivaciones ni más negocio para la sanidad privada. Necesita más profesionales, más recursos y más capacidad en el sistema público para garantizar una atención de calidad a todos los malagueños.
En educación, el acuerdo supone un nuevo golpe a la educación pública y a la igualdad de oportunidades. En lugar de reforzar colegios, institutos, la Formación Profesional y las universidades públicas, el pacto vuelve a abrir la puerta a un modelo que favorece la privatización y debilita uno de los principales instrumentos para garantizar que el futuro de nuestros hijos dependa de su esfuerzo y no del nivel de renta de sus familias.
Y junto a todo ello aparecen compromisos que cuestionan avances consolidados en igualdad, diversidad, memoria democrática o políticas sociales, e incorporan la llamada "prioridad nacional", una fórmula que abre la puerta a la exclusión y la estigmatización de las personas migrantes.
En lugar de gestionar los problemas reales de Andalucía, PP y Vox imponen una agenda marcada por los prejuicios ideológicos de la ultraderecha.
Málaga es una de las locomotoras económicas de España. Lidera el turismo andaluz, atrae inversión, crea empleo y es una de las provincias que más contribuyen al crecimiento de Andalucía.
Precisamente por eso merecía un Gobierno andaluz centrado en reforzar ese liderazgo, defender sus intereses y ofrecer soluciones a sus problemas.
Juanma Moreno ha elegido otro camino. Ha preferido asegurar su permanencia en el poder antes que proteger los intereses de Málaga.
Moreno Bonilla ha salvado su Gobierno. Pero lo ha hecho a costa de los intereses de Málaga.
