Viernes por la tarde a mediados de julio. Bajo el humilde refugio climático que supone mi coche con el aire acondicionado a todo tren, encaro el poniente con mi camisa de flores y mis gafas de sol mientras Miami Horror retumba en los altavoces. Tenemos asamblea abierta de Adelante Andalucía en Estepona y he salido con tiempo de casa, pero la A-7 no tiene piedad: otro accidente, otro atasco, otro retraso de 1 hora y otra vez el GPS diciéndome que me lo piense dos veces y coja el tour panorámico de Coín, Monda y Ojén si no quiero morirme del asco.
El problema es que no hay tour panorámico que me haga llegar a tiempo a la asamblea, así que decido ahorrarme el refresco post-asamblea e incurrir en el “pequeño capricho” que supone coger la AP-7 para poder llegar a tiempo. Pagar el peaje, literalmente. Al fin y al cabo, ¿Qué son 10€ más o menos? Y en ese momento llego al primer peaje y veo que 10€ es lo que me va a costar solamente levantar la primera barrera. Amablemente le pregunto a la trabajadora si el precio ha subido, amablemente me responde con dos palabras: temporada alta.
Con la cara desencajada y el pie en el acelerador, entro en la autopista y empiezo a rumiar una pregunta ¿Tiene algún tipo de sentido esto? Según la ley, la empresa concesionaria está en su derecho, según el contrato pueden subir los precios, pero aceptar con buena cara esta subida de precios requiere un buen número de acrobacias mentales que no estoy dispuesto a hacer. Lo legal no siempre es razonable, los contratos no siempre son justos. En el caso de los 3 peajes que tiene la AP-7 a su paso por Málaga, estamos hablando de un contrato que pagamos miles (si no millones) de personas sin haber tenido derecho a media palabra en la negociación.
El derecho al transporte debería ser uno de los ejes centrales de cualquier propuesta política seria. El transporte es una herramienta de justicia social, la conexión del territorio es más oportunidades laborales, es la diferencia entre estudiar o no poder formarse, es poder ir a ver ese museo, poder asistir a una asamblea, poder visitar un parque natural… Y la ausencia de acciones políticas al respecto es fomentar la desigualdad de manera directa, es empobrecer a nuestra comunidad. La deuda histórica en materia de transportes que tiene Andalucía en general y la provincia de Málaga en particular se refleja en su máxima expresión con el caso de la AP-7, aunque esta es solo la punta del iceberg.
Málaga ostenta el dudoso honor de tener el mayor municipio del estado sin conexión ferroviaria: Marbella. Desde Estepona a Vélez-Málaga, contamos con toda una colección de ciudades y grandes núcleos urbanos por los que no pasa ni un solo tren, un golpe amortiguado levemente por la presencia del cercanías de Málaga a Fuengirola. Si volvemos la mirada al interior de la provincia, la situación no mejora: redes residuales, con bajas frecuencias, altos precios y en el caso de Antequera, una estación alejada del núcleo urbano. En total, 11 municipios con más de 20.000 habitantes sin conexión de trenes, todo esto en una provincia con mayor extensión que Euskadi.
La otra parte del transporte público serían los autobuses. Con 21 municipios en el Consorcio Metropolitano, nos estamos dejando gran parte de la provincia sin tarjeta única y cubierta por concesiones privadas que no terminan de afinar las frecuencias y la capacidad de las líneas. Para ver qué tal funciona esto, más que buscar datos, merece la pena invocar la historia que hace un par de meses me contaba una vecina de Campillos. La epilepsia ha hecho que desde hace años tenga prohibido conducir un coche, por lo que sus alternativas para salir del pueblo son pedirle favores a familiares y amigos o depender del autobús. Los favores son limitados, pero la frecuencia del autobús lo es más, por lo que la solución que ha encontrado más de una vez es coger el autobús hacia Málaga el viernes, pasar el fin de semana en la ciudad y volver el lunes. Estamos hablando de una mujer que vive a 70 kilómetros de Málaga y tiene que buscar alojamiento para varias noches con el propósito de poder ir a una cita médica en la ciudad a primera hora del lunes. Estoy convencido de que no es la única persona que ante una conectividad más propia del siglo XIX, tiene que buscar soluciones al estilo del siglo XIX.
Todo esto nos lleva a la cuestión de las carreteras y la AP-7. La provincia no para de crecer, el número de visitantes que recibimos no para de crecer, y el modelo de transportes que tenemos nos empuja principalmente al coche y a la carretera. Nos empuja a los atascos, al riesgo creciente de accidentes, a pasar las tardes en la autovía y no con nuestra gente. No deberíamos tragar con ello, pero tampoco tenemos mejores alternativas en el corto plazo. ¿De verdad puede estar alguien convencido de que encima de aguantar todo esto, tenemos que dejarnos un dineral de nuestros bolsillos en poder usar la carretera?
Esos peajes ya se han pagado a sí mismos. Los dos peajes de la Costa del Sol llevan más de 20 años en funcionamiento, no es que se hayan cubierto los costes, es que nos han exprimido cientos de millones de euros en beneficios y si todo sigue de acuerdo al plan, lo seguirán haciendo en los próximos 20 años. Lo que quizás no entienda la empresa concesionaria es que la Costa del Sol es una olla a presión que está por estallar. Se pueden plantear muchas alternativas, subvencionar el negocio, darle bonificaciones a los usuarios frecuentes, ofrecer descuentos progresivos… Pero eso no desmonta la realidad que hay detrás: el suelo y el camino son nuestros y el que cobra tributo por los derechos de paso no es más que un bandido glorificado.
Los tramos de peaje tienen que ser gratuitos, la situación cada vez se acerca más a una encrucijada: o ellos dejan de cobrar o nosotros dejamos de pagar. Y eso no hay temporada alta que lo aguante.
