El Gobierno de España acaba de modificar en estos días el Real Decreto por el cual se autoriza la creación de universidades privadas con el fin elevar las exigencias de calidad y evitar que cualquier “academia” pueda convertirse en un campus universitario “vendedor de titulaciones” sin ofrecer la debida formación para un grado de educación superior.
¿Hacen falta universidades privadas en España? La respuesta es sí, pero con condiciones. En primer lugar hay que reconocer que la universidad pública, que cumple con todos los estándares de calidad requeridos para este tipo de instituciones, no puede satisfacer la demanda de plazas por parte de los estudiantes que cada año se presentan a las pruebas de acceso, conocidas popularmente como la “Selectividad”. Por lo que miles de alumnos se quedan sin posibilitad de ser admitidos en su carrera soñada al no pasar la nota de corte.
Ahora bien, no cualquier “centro educativo” puede ser una universidad. Son necesarios el cumplimiento de ciertos requisitos, tanto de infraestructuras como de plantilla del profesorado cualificado, para garantizar que la inversión del alumnado y sus familias (que según el Blog Educalive se sitúa entre los 9.000 y 12.000 euros anuales de matrícula) se corresponda con una educación de calidad.
Sin embargo, muchos profesionales de la educación superior y también estudiantes que han conocido de cerca el funcionamiento de “instituciones universitarias privadas” adscritas a universidades públicas o extranjeras, han comprobado como, al final, se trataba de negocios donde las contrataciones se hacían a dedo por afinidad con los dueños (ofreciendo contratos de categorías profesionales inferiores), y los alumnos y alumnas eran vistos como “clientes” a los cuales poder sacarles el dinero, cobrándoles incluso por el aparcamiento o el uso de las instalaciones deportivas. Todo esto con el fin de obtener los mayores beneficios económicos posibles.
España debe mirar hacia el otro lado del océano, donde en América Latina empezaron a pulular, a partir de la década de los 80, las universidades privadas para atender la demanda de formación universitaria que los campus públicos no podían atender. De esta manera, con la connivencia de la clase política, cuyos miembros se convirtieron en socios de estos negocios, surgieron las llamadas “universidades de garaje” que contaban con los permisos legales, pero cuyos títulos y diplomas valían poco más que el papel donde fueron impresos.
Cada cual es libre de matricularse donde quiera, pero sería una estafa si una familia española de clase media, donde el sueldo promedio según el instituto Nacional de Estadística se sitúa alrededor de dos mil euros brutos, se ve obligada a asumir un crédito bancario para costear la matrícula de una carrera donde su hijo o hija no recibirá la formación necesaria, y sin tener garantías de recuperar esa inversión a corto plazo con la inserción del recién titulado en el mercado laboral.
Así como ya existen instituciones universitarias privadas de reconocida valía y prestigio, deberían ser también así los nuevos proyectos de educación superior, y no simples “academias distinguidas” disfrazadas de universidades con el fin de ofrecer un sucedáneo académico para esquilmarles el dinero a quienes unas décimas de nota dejó por fuera de los estudios de sus sueños.
