La ciudad de Estepona atraviesa uno de los momentos más graves de su historia democrática reciente. Un año entero marcado por causas judiciales que tienen un denominador común: el alcalde de Estepona y el uso presuntamente indebido del poder institucional para fines ajenos al interés general.
Todo se inició a raíz de una denuncia por acoso sexual presentada por un agente de la Policía Local contra el alcalde. Aunque dicha denuncia fue finalmente archivada, la instrucción judicial permitió verificar la existencia de una relación a tres entre el policía denunciante, el alcalde y la mujer de este. Un hecho que, lejos de ser irrelevante, destapó una realidad aún más grave.
Como consecuencia de ello, esa mujer fue posteriormente contratada como cargo de confianza en el Ayuntamiento de Estepona, y ella misma reconoció en sede judicial que nunca llegó a acudir a su puesto de trabajo. Es decir, cobró dinero público sin desempeñar función alguna.
Este hecho dio lugar a una investigación paralela que acaba de concluir y en la que el juez aprecia indicios claros de un delito de malversación de caudales públicos. Dinero de todos los vecinos y vecinas de Estepona que presuntamente fue destinado a pagar favores personales y relaciones privadas.
No deja de llamar poderosamente la atención que, cuando la instrucción está a punto de finalizar y se avecina la apertura de juicio en la Audiencia Provincial de Málaga con tribunal popular, el alcalde haya procedido recientemente a ingresar el dinero presuntamente malversado. Un movimiento que solo puede interpretarse como el temor a una condena que conllevaría su inhabilitación para cargo público.
Pero los problemas judiciales no terminan ahí. En estos momentos, la Fiscalía Anticorrupción investiga al alcalde, a una teniente de alcalde y a varios técnicos municipales por la adjudicación de un equipamiento público emblemático: la Torre Mirador del Carmen, su restaurante y varias plantas, presuntamente adjudicadas a la novia de su hijo. Una situación que denunciamos públicamente hace dos años en un pleno municipal, sin obtener respuesta alguna.
La reiteración de estos hechos dibuja un patrón preocupante. Un modus operandi que apunta, presuntamente, a una forma de actuar más propia de una estructura organizada, donde el objetivo no parece ser servir a la ciudad de Estepona, sino favorecer presuntamente de manera sistemática al entorno personal y familiar del alcalde utilizando recursos públicos.
Mientras tanto, el silencio del Partido Popular es ensordecedor. Se exige ejemplaridad a unos y se mira hacia otro lado cuando los hechos afectan a los propios. Esa doble vara de medir es inaceptable en una democracia.
Y en medio de todo este escándalo, la gran perjudicada sigue siendo Estepona: su imagen pública dañada, su Ayuntamiento bajo sospecha y sus vecinos gobernados por un alcalde que acumula causas judiciales de enorme gravedad.
Un servidor público no solo debe ser honesto. Debe parecerlo.
Y hoy, el alcalde de Estepona no cumple ninguna de las dos condiciones.
Por dignidad democrática, por respeto a la ciudadanía y por el bien de la ciudad, el alcalde debería dimitir de manera inmediata.
La pregunta es inevitable y la hacen los vecinos en la calle:
¿A qué está esperando?
