En política municipal hay cuestiones que deberían estar bastante alejadas de la ideología. El mantenimiento de un árbol es una de ellas. Si sus ramas invaden una vivienda, tapan una luminaria, dificultan la visibilidad o atraviesan una calle, habrá que podarlo. Si está enfermo, habrá que sanearlo. Si por sus dimensiones, estado o ubicación puede representar un riesgo, habrá que inspeccionarlo. Y si queremos conservar durante décadas los grandes árboles que forman parte de nuestros barrios, habrá que mantenerlos adecuadamente para intentar evitar que llegue el día en que la única solución posible sea talarlos.
Parece puro sentido común. Sin embargo, la política del Partido Popular con el arbolado de Málaga resulta cada vez más difícil de entender.
Por un lado, asistimos a un discurso de hiperprotección del árbol, acompañado ahora de una nueva Ordenanza de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano que acaba de ser aprobada inicialmente y que incrementa la regulación sobre el arbolado, incluido el situado en espacios privados. Por otro, basta recorrer numerosos barrios para comprobar los problemas cotidianos de mantenimiento que denuncian sus vecinos.
Ramas que alcanzan ventanas y fachadas. Copas que interfieren con el alumbrado público. Árboles cuyas ramas llegan a extenderse sobre buena parte de la calzada. Vecinos que solicitan una poda y reciben como respuesta una actuación puntual sobre aquello que está tocando directamente su vivienda, mientras el resto del ejemplar continúa creciendo sin una intervención integral.
Y esto no lo denunciamos después de los accidentes de este verano. En febrero llevé al Ayuntamiento una moción precisamente sobre el mantenimiento de parques, jardines y arbolado. Alertábamos de las quejas que estábamos recibiendo y de actuaciones parciales que podían terminar generando árboles desequilibrados. Pedíamos comprobar si se estaban realizando las labores de poda y mantenimiento previstas, si las empresas disponían del personal y los medios suficientes y si el Ayuntamiento estaba fiscalizando correctamente el servicio.
Pedíamos, además, un protocolo municipal que permitiera evaluar periódicamente el estado de los ejemplares, detectar riesgos de vuelco o caída y actuar de forma preventiva.
El Partido Popular no respaldó aquella propuesta.
Seis meses después se produjeron en Málaga cuatro episodios de caída de árboles o grandes ramas en apenas ocho días. El más grave, en Miraflores de los Ángeles, dejó heridas a dos jóvenes. Y entonces el Ayuntamiento anunció con carácter urgente una revisión extraordinaria de cientos de eucaliptos.
Aquí aparece una cuestión todavía más preocupante.
Las explicaciones municipales sobre algunos de esos episodios apuntaron a que los ejemplares no estaban previamente catalogados como de riesgo. En el caso del eucalipto de Miraflores, el Ayuntamiento afirmó que no presentaba signos aparentes de pudrición, cavidades, fracturas previas u otros defectos estructurales visibles. Y el ficus de La Paz había sido revisado apenas dos meses antes y tampoco estaba catalogado como ejemplar de riesgo.
Por tanto, la respuesta no puede quedarse en decir: “estaban revisados”.
Precisamente porque estaban revisados hay que preguntar cómo se revisan.
¿Qué protocolos se estaban aplicando? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué tipo de inspección se realiza sobre un árbol de gran porte? ¿Son suficientes los procedimientos actuales para detectar determinados problemas estructurales? ¿Por qué ejemplares que no estaban considerados de riesgo terminaron sufriendo desprendimientos? ¿Y qué se está haciendo ahora de manera diferente para que el Ayuntamiento haya considerado necesaria una revisión extraordinaria?
Eso es lo que debe explicar el PP.
Y el ficus de La Paz debería servirnos además para reflexionar sobre qué significa realmente proteger un árbol. Tras el desprendimiento de una gran rama, los técnicos municipales determinaron finalmente que no podía garantizarse su estabilidad y el ejemplar tuvo que ser eliminado.
Un árbol que llevaba décadas conviviendo con los vecinos desapareció de la plaza.
La decisión final de seguridad corresponde a los técnicos y no es eso lo que cuestiono. Lo que me interesa es todo lo que ocurre antes de llegar a ese punto. ¿Qué mantenimiento se ha realizado durante los años anteriores? ¿Qué podas? ¿Qué saneamientos? ¿Con qué frecuencia se ha estudiado su evolución?
Porque cuidar un árbol no significa dejarlo crecer sin tocarlo.
A veces, precisamente para conservarlo, hay que intervenir.
Y ahí aparece la gran contradicción de la política medioambiental del PP. Se endurecen normas y se multiplican las restricciones bajo la bandera de la protección, incluso condicionando lo que un propietario puede hacer con determinados árboles dentro de su propiedad, mientras los problemas de poda y mantenimiento del arbolado municipal siguen formando parte de las quejas de muchos vecinos.
No defendemos que se pueda hacer cualquier cosa con un árbol ni que se tale indiscriminadamente. Defendemos proporcionalidad. Ni motosierra indiscriminada ni árbol intocable.
Sentido común.
Porque además esa supuesta rigidez medioambiental parece aplicarse con distinta intensidad dependiendo de las circunstancias. Cuando existen otros proyectos o intereses considerados prioritarios, hemos comprobado que el debate sobre la vegetación puede cambiar rápidamente. La polémica de Vega Mestanza y el impacto que habría supuesto sobre miles de árboles frutales es un ejemplo de hasta qué punto resulta necesario exigir coherencia.
Y mientras tanto el Partido Popular construye buena parte de su discurso municipal alrededor de la denominada “Málaga verde”.
Una Málaga verde debería empezar por cuidar correctamente aquello que ya existe, no por acumular anuncios.
Gibralfaro lleva años protagonizando proyectos, planes y anuncios de recuperación y reforestación. Actualmente existe un nuevo proyecto de renaturalización en redacción y se han vuelto a anunciar actuaciones de reforestación. Lo razonable es que los malagueños puedan comprobar finalmente cómo esos anuncios se convierten en actuaciones reales, ejecutadas y mantenidas en el tiempo.
Y algo parecido ocurre con Arraijanal, un espacio de enorme valor ambiental para nuestra ciudad cuyo Parque Marítimo Terrestre continúa pendiente después de años de anuncios y compromisos.
Es ahí donde debería demostrarse una política medioambiental seria, en conservar, mantener y gestionar bien, no en utilizar lo verde como una etiqueta política.
Málaga no necesita una competición para ver quién planta más árboles, quién redacta la ordenanza más restrictiva o quién utiliza más veces la palabra sostenibilidad.
Necesita saber que los árboles que ya existen reciben el mantenimiento adecuado, que las ramas que generan problemas se podan cuando corresponde, que los ejemplares de gran porte son inspeccionados con protocolos eficaces, que los contratos de parques y jardines cuentan con personal y medios suficientes, y que cuando un vecino alerta de un problema no tiene que esperar hasta que ese problema se convierta en una emergencia.
Lo que sí resulta evidente es que esta forma de gestionar el arbolado ha terminado poniendo en cuestión la seguridad en nuestras calles. Cuando un Gobierno municipal conoce las quejas sobre falta de poda y mantenimiento, rechaza una iniciativa que pedía precisamente reforzar la prevención y, meses después, tiene que activar un plan urgente tras cuatro episodios de caída de árboles o grandes ramas en apenas ocho días, es legítimo hablar de una gestión irresponsable. No afirmamos que todos los accidentes pudieran haberse evitado, pero sí que el PP tenía la obligación de extremar la prevención antes de que hubiera personas heridas, no después.
La seguridad de los malagueños no puede depender de reaccionar cuando una rama ya ha caído. La responsabilidad de quien gobierna consiste precisamente en anticiparse al riesgo, revisar los protocolos y garantizar que existen medios suficientes para reducirlo todo lo posible.
