Durante décadas, los políticos nos han repetido que la vivienda es un derecho constitucional. Lo dice el artículo 47 de nuestra Carta Magna: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero hoy, en España, esa frase suena a sarcasmo.
Los jóvenes malagueños, los que trabajan, los que ahorran, los que quieren formar una familia, se topan con un muro fiscal levantado por las propias administraciones públicas. Comprar una vivienda en nuestro país se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el primer enemigo no es el mercado, ni los bancos, ni los precios, sino el propio Estado.
Un cuarto del precio de una casa corresponde únicamente a impuestos. Y lo peor es que esos impuestos se los inventaron quienes, cada campaña electoral, prometen “soluciones” al problema de la vivienda.
El IVA estatal, el ITP autonómico, la plusvalía municipal, el ICIO, las tasas, las licencias, los actos jurídicos documentados... la lista es interminable. Entre el suelo, la construcción, la compraventa y el registro, hasta 16 tributos distintos se clavan en el mismo bolsillo: el del ciudadano que solo quiere tener un hogar.
España, según el Financial Times, es el país de Europa que más impuestos aplica a la compra de vivienda. La presión fiscal efectiva aquí alcanza el 30%, frente al 6% de media en la Unión Europea.
Por eso un piso en España cuesta un 30% más que en el resto de Europa, no porque los materiales sean mejores ni los sueldos más altos, sino porque los políticos así lo han decidido.
Y mientras tanto, el Gobierno presume de bajar el IVA del aceite, pero no toca ni uno solo de los impuestos que asfixian la compra de una casa.
En plena emergencia habitacional sin precedentes, con jóvenes condenados al alquiler o a compartir piso, los políticos de todos los signos hacen negocio con un bien de primera necesidad. Han convertido la vivienda en un lujo, en un bien de especulación, en una fuente de recaudación, en lugar de protegerla como un pilar del bienestar nacional.
Los números son el espejo de la realidad: en España, el 65% de los jóvenes entre 23 y 28 años eran propietarios hace tres décadas; hoy, apenas el 30%.
Y mientras tanto, la fiscalidad salvaje se dispara, los sueldos reales siguen como en los años noventa, la natalidad se desploma, Málaga alcanza mínimos históricos en nacimientos y sin embargo aumenta la inmigración ilegal masiva que presiona nuestros servicios públicos, el empleo y la vivienda.
Vivimos en un país donde el 34% de los niños crecen en riesgo de pobreza, el paro juvenil ronda el 24%, la inflación devora los ahorros y la cesta de la compra se dispara.
Y frente a todo esto, el PSOE y el PP compiten por ver quién recauda más.
En Málaga, el tipo del ICIO —el impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras— está en el 3,8%, casi el máximo permitido. Se dice que hay una bonificación del 50% para viviendas de protección oficial, pero eso apenas es un gesto simbólico.
La realidad es que cada ladrillo que se coloca en esta ciudad lleva pegado un impuesto, y cada euro que el Ayuntamiento recauda en materia de vivienda es un euro menos en el bolsillo del malagueño que intenta salir adelante.
Y lo peor de todo es que con ese dinero no se construyen más viviendas públicas.
No hay un plan real para invertir lo recaudado en nuevas promociones de VPO, ni para aliviar la carga de las familias. Lo que hay es burocracia, ineficiencia y una falta absoluta de voluntad política.
Desde VOX defendemos que la vivienda debe volver a ser un derecho y no un privilegio, un patrimonio del esfuerzo y no un instrumento de recaudación. Queremos que ningún malagueño vea su sueño de tener una casa truncado por la voracidad fiscal de los políticos.
Es urgente bajar los impuestos a la compra de primera vivienda, a la construcción y a la promoción, y recuperar la deducción por vivienda habitual que se eliminó en 2012.
España no necesita más discursos sobre la vivienda: necesita menos políticos metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano.
Si de verdad queremos que los jóvenes puedan quedarse en Málaga, formar una familia y tener un futuro aquí, hay que devolver a la vivienda su condición de derecho y su valor de refugio.
Porque una nación sin propietarios es una nación sin libertad.
