El problema de la vivienda en España se combate con medidas eficaces, no con pancartas, lonas gigantes que prometen humo ni con anuncios vacíos. En Málaga, el Ayuntamiento de la ciudad trabaja con mucho esfuerzo para incrementar el número de Viviendas de Protección Oficial, con 3.500 actualmente en construcción o tramitación, un número que superará las 5.000 en este mandato.
Estas viviendas se sumarán a las 5.300 construidas y entregadas por el Ayuntamiento de Málaga, que invirtió en ellas más de 560 millones de euros, pagados a pulmón con el dinero de todos los malagueños. La ciudad de Málaga tiene el tercer parque público de viviendas del país, tan sólo por detrás de Madrid y Barcelona.
El esfuerzo municipal en esta materia, al igual que en el conjunto de actuaciones que se acometen en la ciudad, no es fruto de la improvisación sino de una planificación estratégica, estudiada y trabajada.
Recientemente, planteamos la construcción de VPO en suelos con uso dotacional, es decir, destinados inicialmente a equipamientos públicos (excepto colegios y centros de salud); una medida que podemos aplicar gracias a la sensibilidad de la Junta de Andalucía para intervenir con políticas que incentiven la construcción y la promoción de vivienda pública.
Esta actuación tiene como ventaja el apostar por suelos finalistas, ya urbanizados, situados en entornos consolidados, lo que acelerará el desarrollo de estos pisos, que serán muy dignos. La idea es ponerlo en marcha cuanto antes para construir en más de una veintena de parcelas alojamientos temporales de entre 35 y 50 metros cuadrados, con un coste máximo de unos 500 euros mensuales; que permitan hacer frente a la complicada situación actual, que afecta especialmente a jóvenes o parejas que no pueden acceder al coste de viviendas de mayor tamaño.
Se habla de minipisos de manera despectiva para tratar de ridiculizar una propuesta que es absolutamente temporal y transitoria, cuyo objetivo es propiciar que esas personas puedan independizarse e iniciar un proyecto de vida. Más aún, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 inscripciones en el Registro de Demandantes de VPO del Instituto Municipal de la Vivienda corresponden a personas individuales que solicitan mayoritariamente un piso con un dormitorio.
La oposición municipal debería arrimar el hombro y apoyar las propuestas del equipo de gobierno del Partido Popular si de verdad quiere lo mejor para los malagueños, pero viven obsesionados por copar titulares e incluso se contradicen a sí mismos.
Por ejemplo, el PSOE alaba la política de vivienda de Barcelona, donde recientemente se han entregado 56 “viviendas asequibles para jóvenes” de 40 y 50 metros cuadrados (uno y dos dormitorios) y aquí, curiosamente, las rechazan. Y luego tenemos a Con Málaga, que se autoenmienda, presentando en abril una moción para que el Ayuntamiento garantice el cumplimiento del PGOU en cuanto a la superficie mínima de 30,5 metros cuadrados y un mes después exige un mínimo de 45 metros.
No estaría de más que esa crítica la dirigieran también a reclamar medidas contundentes y eficaces al Gobierno de Sánchez, muy culpable del incremento del precio de las viviendas en todo el país y que se ha limitado a anunciar la construcción de más de 200.000 viviendas de las que poco o nada se sabe.
Tenemos a un Gobierno de PSOE y Sumar que apuesta por el ‘expropiese’ chavista, por una ley de vivienda nefasta que ha favorecido la okupación y la inquiokupación y que ha retirado del mercado del alquiler miles de viviendas en España cuando lo que deberíamos todas las administraciones es arrimar el hombre y trabajar para incrementar el número de viviendas públicas necesarios para satisfacer la demanda actual.
