La intervención asfixiante que sufre España y la escasa oferta por la incompetencia de las administraciones públicas competentes relativas a la oferta de suelo y viviendas junto a una demanda creciente, es el problema real de la vivienda en España y por ende en Málaga.
Este intervencionismo conlleva que la oferta se reduzca y por consiguiente que el mercado se tensione en sus precios tanto en la oferta como en la demanda.
La responsabilidad del Gobierno es manifiesta, un auténtico disparate que se plasma en las últimas leyes que el Ejecutivo, en su protagonismo intervencionista, ha materializado legislando sobre este tema. Un ejemplo es la ley de vivienda, que interviene completamente el mercado del alquiler y que por el contrario no soluciona ninguno de los problemas y carencias de base, sino que los agrava y hacen mella en la economía.
Limitar el precio del alquiler, como se pretende y que de hecho se llevó a cabo en lo que denominaron zonas tensionadas, es desproporcionado e irracional. Es una intromisión en la actividad económica y en el empleo ya que produce una absoluta disminución de transacciones lo que afecta al tejido productivo.
Con esta ley, el Gobierno aumenta de manera indirecta las zonas tensionadas además dificulta el proceso de desahucios ya que traslada un mayor riesgo para los arrendadores. Así con ello, con este escenario la oferta se resiente a la baja y los arrendatarios no podrán conseguir un alquiler que desean con esta escasez de oferta.
En definitiva, si el Gobierno sigue por esta senda intervencionista, no hará ningún bien ni a los supuestamente beneficiados ni al conjunto de la economía. Todo se ralentiza ante el miedo y estupor de este panorama, provocando un auténtico pánico en el alquiler y en la compra para invertir ante el miedo de que les ocupen la vivienda. Pero a quien más perjudica es a los compradores pues como no se liberaliza el suelo, los precios aumentan, siendo los jóvenes los más perjudicados por la intervención de los mercados y sus políticas chavistas.
La necesidad de que haya seguridad jurídica y que se liberalice suelo es algo manifiesto y notorio. Con medidas de libre mercado se conseguirán precios más competitivos y no medidas intervencionistas que solo conducen al desastre en el mercado de la vivienda. Hay que exigir a las administraciones competentes que liberalicen el suelo, ya que ahí está el problema principal del alza de los precios por la escasez de la oferta.
Y con estos matices, ¿qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga y su equipo de Gobierno?
La respuesta es poco o nada.
Desde el inicio de esta legislatura hemos podido comprobar que no ha habido un plan de vivienda, que no ha existido una visión de una Málaga a 10 o 15 años. También que ha existido una incapacidad patente para planificar y saber dar solución a una oferta capaz de absorber la demanda existente. Y esto viene motivado por dos razones de peso.
Una política, que es no saber vislumbrar una Málaga para el futuro, con viviendas e infraestructuras nuevas, inversión y modernización de las ya existentes, de planes de movilidad y dotación de servicios públicos. De nada sirve tener suelo, o incluso un número significativo de viviendas, si estos proyectos no están debidamente contextualizados.
Y otra administrativa, que afecta de lleno a la construcción y acceso a la vivienda y que no es otra que la ineficacia burocrática y de funcionamiento para la realización y desarrollo de viviendas y su acceso a través de cambios de uso de suelo.
Hablamos de planificar la ciudad debidamente, y eso se hace por medio de un Plan General de Ordenación Municipal. Un documento que este Grupo Municipal lleva reclamando desde el principio de la legislatura y que dota de una visión de futuro a la ciudad y liberaría más suelo para su uso residencial. Algo básico y fundamental y que permitiría gozar de la fiabilidad suficiente a los promotores de vivienda a la hora de ver nuestra ciudad como una ciudad donde invertir y desarrollar viviendas y que nuestros jóvenes y familias puedan acceder a precios adecuados por el aumento de la oferta.
Mucho tiene que mejorar el equipo de Gobierno desde el punto de vista de planificación, organización y eficacia respecto a la tramitación de los expedientes en la GMU si quiere solucionar este drama habitacional en la ciudad de Málaga.
