La gestión del agua en el ámbito mediterráneo y en nuestra provincia en concreto, es un desafío complejo por nuestras características propias: clima seco-semiárido, alta variabilidad de precipitaciones, presión demográfica, turismo, agricultura intensiva y cambio climático. Afrontar esta realidad exige un enfoque integral, participativo, sostenible y sobre todo, responsable por parte de la administración competente.
Aun conociendo que el agua no funciona por limites provinciales, los sistemas hídricos que afectan a la provincia de Málaga tienen una capacidad total de acopio de 611 Hm3. A fecha de mayo de 2025, el volumen de agua disponible es de 372 Hm3 (un 60%), cifra que la Junta de Andalucía ha querido presentar como un éxito. Sin embargo, esta cifra oculta realidades muy desiguales en nuestra provincia: comarcas como la Axarquía o Guadalteba, apenas superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias. Resulta preocupante por tanto, que se venda una recuperación generalizada cuando la distribución territorial evidencia desequilibrios que siguen sin corregirse.
Lejos de revisar críticamente el modelo actual, el gobierno andaluz insiste en soluciones cortoplacistas, como ampliar la capacidad de embalse en nuestra provincia. Igual no saben que hay embalses, lo que falta es agua en ellos. Por lo que, de la pasada crisis hídrica deberían obtener algunas conclusiones y aprendizajes. La más evidente, es que el volumen embalsado está directamente relacionado con las “anomalías húmedas”, porque como hemos comprobado, los actuales volúmenes de acopio de esa agua, han dependido en exceso de fenómenos meteorológicos extremos, como han sido los episodios de DANA de noviembre del ‘24, o del pasado marzo. Constatando que no hay planificación preventiva, sino reacción tras la emergencia.
Ante esa incertidumbre, se hace necesario activar medidas de mitigación y adaptación a las nuevas condiciones derivadas de la aparición de efectos imprevistos del cambio climático, y para ello, determinar el potencial hídrico de la provincia, es decir, la máxima capacidad posible de gestión de recursos hídricos, tanto los derivados de las aportaciones naturales, como de la capacidad de regeneración y desalación. No se puede estar vendiendo como éxito el incremento de turistas o la expansión de regadíos, cuando ambos sectores dependen de un recurso cada vez más escaso. Un modelo productivo que no tiene en cuenta la disponibilidad hídrica, está condenado a fracasar, y lo peor es que ese fracaso lo pagará la ciudadanía.
La ordenación del territorio debe atender a los recursos hídricos disponibles, como garantes del desarrollo y de las actividades a realizar. Siendo el agua un sector estratégico clave en el desarrollo provincial, priorizando el interés general y la sostenibilidad al beneficio privado o el rédito electoral. Nadie puede quedarse atrás en esta dinámica. Así, es básico que de los recursos hídricos disponibles, ya sean regulados, subterráneos, fluyentes, regenerados y desalados, se potencien aquellos que se apoyan en la renovación de otros ya utilizados, es decir los regenerados y los desalados, para evitar la sobreexplotación de los mismos. Los recursos subterráneos deben ser la garantía en situaciones críticas. Sin embargo, la Junta de Andalucía sigue permitiendo extracciones sin control, empujando a muchos territorios a una crisis ecológica de consecuencias irreversibles.
No se puede gestionar un recurso público a espaldas de quienes lo utilizan y lo sufren. Por ello, otro pilar fundamental en la política hídrica es la participación ciudadana y la transparencia. Es clave incluir a ciudadanía, agricultores, empresas, colectivos sociales, ayuntamientos y científicos en el diálogo para una gobernanza democrática del agua. Así como apostar por la educación y sensibilización sobre el valor de la misma.
La modernización del regadío para un uso sostenible y eficiente; el fomento de tecnologías de bajo consumo urbano; incentivar la reutilización de aguas depuradas y la recogida de pluviales; la lucha contra el despilfarro y fugas en las infraestructuras, son medidas urgentes que la Junta no puede seguir postergando. Frente al negacionismo climático que reivindican en muchas de sus decisiones, se impone una adaptación progresiva y ambiciosa a la realidad que ya nos acucia.
Se trata de llevar a cabo una adaptación progresiva al cambio climático, con planes de gestión que consideren escenarios de menor disponibilidad hídrica, con diversificación de fuentes: desalinización, reutilización, y mejor gestión de acuíferos, siempre protegiendo los ecosistemas acuáticos como reguladores naturales.
Todo esto supone, de una parte, la necesidad de una gestión conjunta, equilibrada y solidaria de los recursos hídricos, dado su diferente grado de escasez y en consecuencia de coste económico; de otra, la concienciación de la Sociedad mediante programas de divulgación y educación, pues el uso y consumo responsable de los recursos hídricos escasos será imprescindible para cambiar el modelo actual, mejorando las pautas de comportamiento y alcanzando un consumo sostenible de estos recursos; y por último, que la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía, no puede seguir actuando como mera observadora ni como promotora de intereses particulares, sino que debe liderar, invertir, regular y proteger un recurso público vital como el agua.
