Ahora resulta que al Partido Popular le preocupa la movilidad en la provincia de Málaga. Anuncian mociones urgentes en la Diputación, propuestas en el Congreso y planes de inversión que suenan muy bien en titulares. Se quejan de los peajes de la AP-7 y la AP-46, piden su liberación “en circunstancias excepcionales” y hablan del tren litoral como si acabaran de descubrir el problema. Y sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no es el contenido de estas iniciativas, sino quién las presenta y desde dónde.
Porque cuesta tomarse en serio una propuesta sobre infraestructuras del PP cuando es el mismo partido que gobierna desde hace más de cinco años en la Junta de Andalucía y desde hace aún más en la Diputación de Málaga. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Qué ha hecho con las competencias que tiene en sus manos? ¿Por qué ahora, y no antes?
Lo llaman justicia. Pero justicia no es pedir la gratuidad de una autopista en agosto mientras se ignoran las necesidades cotidianas del interior. Justicia no es acudir al Congreso a exigir lo que no se cumple desde Sevilla o desde Málaga. Justicia no es confrontar con el Gobierno central cuando se guarda silencio ante los incumplimientos propios.
La realidad es mucho más cruda que los discursos. Mientras el PP reclama peajes gratis para los turistas, miles de vecinos en el Valle del Guadalhorce, la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera o la Axarquía cruzan a diario carreteras comarcales tercermundistas para ir al médico, a clase o al trabajo. Carreteras como la MA-6404 entre Campillos y Teba, cortada desde hace seis años y sustituida por un desvío provisional tan peligroso como permanente. O como la A-397, entre San Pedro y Ronda, cerrada por desprendimientos y con una inversión de 15 millones prometida... y caducada.
Hablan del tren litoral, pero olvidan que llevamos más de 16 años escuchando promesas para una autovía entre Málaga y Ronda que sigue estancada. Mencionan la vertebración del territorio, pero callan ante el olvido sistemático del desdoblamiento de la A-384 entre Arcos y Antequera. Y no dicen ni una palabra sobre municipios como Almáchar, Moclinejo o El Borge, aún excluidos del Consorcio Metropolitano de Transporte, sin acceso a un autobús digno mientras otras zonas disfrutan de servicios modernos.
Lo más indignante es que muchos alcaldes del PP en pueblos del interior, que deberían ser los primeros en exigir inversiones a la Junta, prefieren mirar hacia Madrid y guardar silencio. Mientras reclaman igualdad en la financiación, sus vecinos siguen sin transporte público, sin carreteras seguras, sin alternativas reales.
No se trata de negar los problemas de tráfico en la costa. Se trata de exigir una política de movilidad seria, equilibrada y con visión de provincia. Una política que no use la movilidad como arma electoral ni como excusa para confrontar con el Gobierno central, mientras se incumple desde las instituciones que se gobiernan.
La Málaga del interior existe. Y no necesita más titulares. Necesita hechos. Necesita carreteras seguras, transporte público funcional, inversión real y compromiso político más allá de los ciclos electorales. Si de verdad creen en la igualdad, que empiecen por aplicarla donde ya mandan. Porque lo que hoy suena a promesa, mañana se convertirá —una vez más— en decepción.
