Ventana americana
Una reciente encuesta realizada por la empresa multinacional de análisis Gallup, fundada en 1935 por el estadounidense George Gallup, ha revelado que casi la mitad de la población en seis países latinoamericanos tiene la intención de emigrar hacia el extranjero en busca de mejores condiciones de vida.
Este macro sondeo de opinión sobre la intención de emigrar en la región de América Latina fue llevado a cabo por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup), con sede en Costa Rica. El listado lo encabeza Honduras, donde el 48% de sus ciudadanos asegura que emigraría en cuanto pudiese hacerlo. Le siguen los colombianos (47%), dominicanos (46%), ecuatorianos (45%), nicaragüenses (43%) y peruanos (40%).
El aumento de la criminalidad y la violencia, la falta de perspectivas profesionales y la búsqueda de mejores niveles socioeconómicos son los principales motivos que empujan a los latinoamericanos a buscar un porvenir más promisorio por fuera de su terruño. Otras naciones que registran un alto potencial de posibles migrantes son Guatemala (38%), Venezuela (36%), El Salvador (32%) y México (30%).
En el caso concreto de Colombia, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) con sede en Bogotá, señaló que en lo que va de año han salido mensualmente hacia el exterior 50.000 nacionales. Durante el pasado 2022, se registró la cifra de 547.000 colombianos y colombianas que emigraron con la intención de no regresar a corto plazo.
Los destinos preferidos por los migrantes latinoamericanos son Estados Unidos, España y Canadá. De hecho, actualmente el registro del padrón municipal en España tiene censados a 314.679 colombianos, con mayor presencia en las ciudades de Madrid, Valencia y Alicante. El número de colombianos llegados a España ha aumentado en casi 23.000 personas en tan solo un año. Estos números no cuentan a quienes se encuentran en situación irregular y por miedo a una posible deportación no se inscriben en el padrón del municipio donde residen.
Causas y consecuencias
Como hemos señalado anteriormente, el miedo a ser víctima de las bandas de delincuentes que cada vez crecen más en estos países, empuja a los latinoamericanos a buscar lugares más seguros para vivir donde no se pierda la vida a causa de un robo, ni se esté expuesto continuamente al secuestro o a la extorsión.
Asimismo, el acceso a una educación de calidad, a una cobertura médica y a un empleo que permita vivir dignamente y satisfacer las necesidades básicas es algo que millones de latinoamericanos no encuentran en sus países de origen, teniendo que elegir entre resignarse a una existencia de estrecheces económicas o aventurarse a buscar una vida mejor lejos de su hogar y su familia.
Todo este proceso ha generado una “descapitalización humana” de las sociedades latinoamericanas, en las cuales personas menores de 40 años y con cualificación profesional abandonan su patria para contribuir al desarrollo económico de otras latitudes.
Desarraigo, ruptura familiar, inseguridad jurídica, trabajo por debajo de la formación adquirida, son algunos de los aspectos negativos a los cuales deben enfrentarse los migrantes latinoamericanos en los países receptores, donde infortunadamente ha ido creciendo el sentimiento antiinmigración espoleado por ciertos partidos políticos de nuevo cuño de corte nacionalista-populista.
Por su parte, los líderes políticos de América Latina no han puesto prácticamente ningún empeño en retener a sus conciudadanos. Por el contrario, las remesas de dinero que envían los migrantes desde el extranjero son un pilar importante de sus economías, tal como ocurre en Haití, México, Ecuador, Colombia o El Salvador. Con el alto coste humano y personal que conlleva para quienes se encuentran fuera.
Esta diáspora latinoamericana beneficia tanto económica, como demográficamente a los países receptores, pero empobrece aún más a los estados desde donde parten los migrantes, quienes se ven obligados a hacerlo por necesidad imperiosa, no por gusto cosmopolita.
