La educación pública andaluza atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que debería ser la prioridad de cualquier gobierno se ha convertido, bajo la gestión de Moreno Bonilla, en un campo abonado al abandono, la desidia y la propaganda vacía.
El inicio del curso 2025/2026 no ha hecho sino confirmar lo que llevamos denunciando desde que gobierna Juanma Moreno: la derecha está deteriorando de manera deliberada nuestro sistema educativo.
El acuerdo alcanzado por la Junta con algunas organizaciones sindicales es el mejor ejemplo de esa política de humo. Se anuncia una bajada de ratios como si fuera un logro histórico, pero la realidad es que no será efectiva hasta dentro de cuatro cursos y exclusivamente para el segundo ciclo de educación infantil, olvidando la primaria, secundaria y bachillerato. La reducción de horario lectivo del profesorado tampoco se traduce en una mejora real: sin nuevas contrataciones, obligando a los centros a organizarse sin recursos suficientes y por tanto perjudicando al alumnado más vulnerable.
Ese alumnado vulnerable es, precisamente, el gran olvidado del gobierno del PP. La inclusión educativa en Andalucía no es una realidad. Faltan especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, intérpretes de lengua de signos y personal técnico de integración social. Padres y madres tienen que suplir con sus propios medios lo que debería garantizar la Administración. La igualdad de oportunidades se resquebraja cuando la atención a la diversidad depende del bolsillo de cada familia.
La situación de las infraestructuras es igual de sangrante. Málaga y otras provincias acumulan años de retraso en la construcción de institutos y colegios prometidos, mientras cientos de niños y niñas siguen en aulas prefabricadas. Los municipios con mayor crecimiento poblacional sufren la falta de planificación de una Consejería centrada en favorecer al negocio privado. Moreno Bonilla prometió acabar con los barracones, pero hoy son casi 3.000 el alumnado malagueño que sigue escolarizado en ellos.
La Formación Profesional, clave para el empleo juvenil, está colapsada. La demanda social y empresarial supera con creces la oferta pública, obligando a muchos jóvenes a acudir a centros privados o renunciar a su formación. Andalucía necesita una Ley de Formación Profesional que vincule de verdad el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral, y que garantice igualdad de oportunidades.
La Ley 1/2020 de bioclimatización de centros es otro ejemplo de promesas incumplidas. Aprobada por unanimidad en el Parlamento, debería haber garantizado entornos saludables en un contexto de olas de calor cada vez más extremas. Cinco años después, su aplicación es prácticamente inexistente y miles de alumnos y docentes siguen soportando temperaturas insoportables en las aulas.
Tampoco la etapa de 0 a 3 años escapa al abandono. La universalización sigue siendo una promesa incumplida: la gratuidad no es plena, las bonificaciones se reducen y muchas escuelas infantiles ven peligrar su supervivencia. Lejos de facilitar la conciliación, Moreno Bonilla condena a las familias andaluzas a mayores dificultades.
Los comedores escolares, fundamentales para garantizar una alimentación saludable y un instrumento de equidad social, tampoco cuentan con el apoyo necesario. Persisten centros sin comedor, menús que no cumplen los estándares nutricionales y una gestión opaca que margina la participación de las familias y la comunidad escolar.
La Universidad de Málaga, motor de investigación, innovación y desarrollo, está asfixiada por la infrafinanciación. Mientras tanto, el PP abre la puerta al crecimiento de las universidades privadas. Es un modelo claro: debilitar lo público para favorecer a lo privado.
Y no podemos olvidar al profesorado interino. Miles de docentes con años de experiencia han sido expulsados del sistema por un proceso de oposiciones caótico, que no ha tenido en cuenta su trayectoria profesional. La Junta ignora las directrices europeas que obligan a estabilizar al personal en abuso de temporalidad, despreciando el capital humano que durante años ha sostenido la educación pública andaluza.
El panorama es claro: se incumplen leyes, se paralizan infraestructuras, se precariza al profesorado y se deja sin atención adecuada a los más vulnerables. Todo ello responde a una estrategia calculada de deterioro de lo público para dar alas al negocio privado.
Frente a este modelo injusto y desigual, la respuesta debe ser firme: defender la educación pública como el mejor instrumento de progreso, igualdad y futuro para Andalucía. Invertir en educación no es un gasto, es la inversión más rentable para cualquier sociedad. Y hoy, más que nunca, es una cuestión de dignidad y de justicia social.
