El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica no es técnico ni abstracto. Es profundamente político porque afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas. Y, en el caso de Andalucía, hablamos de una oportunidad histórica para corregir desigualdades, reforzar nuestros servicios públicos y avanzar hacia un país más justo y cohesionado.
La propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parte de una premisa clara: ningún ciudadano debe quedar atrás por vivir donde vive. Por eso plantea un modelo más equitativo, que reduce extraordinariamente las desigualdades entre comunidades autónomas y refuerza la igualdad real de oportunidades. No se trata de privilegios, sino de justicia territorial.
El nuevo sistema incorpora además un compromiso contundente del Gobierno de España: 29.000 millones de euros adicionales que inyecta al sistema para fortalecer la sanidad, la educación y los servicios públicos en todo el país. Recursos reales, no promesas vacías. Inversión directa en bienestar, en profesionales, en infraestructuras y en derechos.
Para Andalucía, las cifras son incontestables. Con el modelo propuesto, nuestra comunidad recibiría 4.850 millones de euros más respecto a la financiación actual, a los que se sumarían 1.000 millones adicionales del Fondo de Compensación Interterritorial. En total, casi 6.000 millones de euros más para una tierra que ha estado históricamente infrafinanciada.
Y si bajamos al terreno que mejor conocemos, Málaga, el impacto sería directo y tangible: 1.170 millones de euros más. Más recursos para nuestros hospitales, para nuestros centros educativos, para la dependencia, para el transporte público y para afrontar los retos de una provincia dinámica, pero también tensionada por el crecimiento y el coste de la vida.
Ante este escenario, resulta incomprensible —y profundamente irresponsable— la decisión de Juan Manuel Moreno Bonilla de rechazar el nuevo modelo de financiación. No es una decisión neutra. Es una decisión que perjudica directamente a los andaluces y andaluzas.
Y es que Andalucía es la comunidad autónoma que más se beneficiaría de este aumento de financiación, algo que, por ejemplo, supuso las quejas de la propia consejera de Hacienda de Extremadura del PP, que “denunció” que esto se hacía “porque la ministra de Hacienda era la candidata del PSOE en Andalucia”.
Moreno Bonilla vuelve a anteponer los intereses del Partido Popular y la confrontación permanente con el Gobierno de España a los intereses reales de nuestra tierra. Rechaza más recursos, más equidad y más futuro por puro sectarismo político.
Esta decisión es tan irracional, que pone de manifiesto las contradicciones en las que cae Juanma Moreno: dijo que no aceptaría una quita de la deuda para Andalucía que no fuese al menos de 17.000 millones y rechazó la que proponía la ministra María Jesús Monterto de casi 19.000 millones, una medida que habría aliviado de forma decisiva las cuentas de la Junta y liberado recursos para políticas públicas. Dijo en el Parlamento que no aceptaría un modelo de financiación que no incrementase los recursos para Andalucía en 4.000 millones de euros, y ahora rechaza el propuesto que supondrían 6.000 millones de euros más para Andalucía.
Siguiendo el refranero podríamos decirle aquello de “Juanma, por la boca muere el pez”
No es la primera vez, y por desgracia no parece que vaya a ser la última, que el Gobierno andaluz prefiere el ruido a las soluciones. Pero Andalucía no puede seguir perdiendo oportunidades por una estrategia de confrontación estéril.
Defender este nuevo modelo de financiación es defender una Andalucía mejor financiada, más justa y con más capacidad para cuidar de su gente. Decir no a él es dar la espalda a nuestra sanidad, a nuestra educación y a nuestro futuro.
Y eso, gobierne quien gobierne, debería ser inaceptable
