A partir de este jueves 16 de abril dará comienzo un proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país, gracias a un Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
Se espera que está medida beneficie a unas 500 mil personas de origen extranjero que se encontraban en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y que, como requisito obligatorio, deben haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud de regularización. Además, es condición imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Se trata de una medida justa y necesaria con la cual España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, y necesaria para el crecimiento económico.
Los beneficios que está medida traerá consigo para el desarrollo y la sostenibilidad económica del país no tienen discusión. Un reciente estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de España, en el cual participaron 60 expertos de organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, marítimo-pesqueras, de consumidores y académicas de reconocido prestigio, asegura que una inmigración "bien gestionada" es una "bendición del cielo" para cualquier economía.
El citado estudio señala que la aportación de las migraciones a nuestro país es "muy positiva" desde una visión macroeconómica, hasta el punto de que "el crecimiento de España no se podría explicar sin la inmigración". Asegurando también que “la inmigración ha sido el principal factor del crecimiento poblacional reciente en España y sostén de la población activa” en todas las regiones del territorio nacional.
Igualmente, el Instituto Santalucía, perteneciente a la compañía de seguros Santalucía, publicó recientemente el informe “Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España”, el cual afirma que la inmigración se ha consolidado como un factor estructural de la demografía y de la economía españolas en la última década y ha contribuido de forma relevante al crecimiento reciente. Además, el informe concluye que no se observan efectos negativos significativos sobre el empleo y salario de los trabajadores nativos en promedio; y que la regularización puede aumentar la formalidad y la recaudación.
Según el Instituto Santalucía, tomando como referencia la anterior regularización masiva de inmigrantes en España en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se concedieron permisos de trabajo a alrededor de 600.000 inmigrantes no comunitarios ya residentes, la recaudación fiscal aumentó de forma sustancial, con un incremento estimado de unos 4.000 euros por inmigrante regularizado, sin evidencia de un aumento del gasto público asociado a esta situación. Con está son ya siete regularizaciones masivas, incluyendo los mandatos presidenciales de Felipe González y José María Aznar.
Asimismo, el mencionado estudio destaca que España no se caracteriza por niveles especialmente altos de criminalidad violenta en comparación con otros países de la Unión Europea, señalando que los análisis demuestran que el fuerte aumento de población inmigrante no se ha traducido en un incremento proporcional de la delincuencia.
Como ya hemos mencionado anteriormente en otros artículos en este mismo medio, el reto consiste ahora en la construcción de una sociedad integradora, diversa y de convivencia armoniosa entre todos: los nacidos dentro y fuera del territorio, tanto de primera, como de segunda y tercera generación. Una tarea que le corresponde por partes iguales a la administración pública, a los partidos políticos, a las diferentes confesiones religiosas, a la empresa privada y a las organizaciones de la sociedad civil.
