En las últimas semanas, las calles de Andalucía y de toda España han sido testigo del creciente clamor de nuestros agricultores, quienes se han visto obligados a abandonar sus campos para reivindicar derechos largamente ignorados. Simplemente, no aguantan más. Ya van 34 días sin que nadie les haga caso.
Lo primero que piden es que se eliminen todas esas leyes basadas en el radicalismo verde y el fanatismo climático, ese que tanto gusta en Bruselas y que nos están imponiendo a través de la Agenda 2030, algo que en VOX llevamos años denunciando.
En segundo lugar, que dejen de criminalizar al campo. Los agricultores y ganaderos de este país lo único que quieren es poder trabajar, y de lo único que se tendrían que preocupar los políticos de Bruselas, es de prestarle la ayuda necesaria para mantener un sector que da de comer a toda España y a media Europa. En vez de eso, los asfixian más, como con la nueva PAC, que supone un recorte de los fondos destinados al campo, y un aumento de la burocracia.
¿El cuaderno digital? Una locura. ¿Creen que un agricultor que trabaja de sol a sol necesita un cuaderno digital? ¿Para qué? ¿Para controlarlos más? ¿Para qué se tengan que gastar el poco dinero que tienen en la digitalización de las explotaciones?
Y, en tercer lugar, algo que es fundamental: hay que acabar con la competencia desleal de terceros países, donde se produce con mano de obra esclava y con unas condiciones fitosanitarias que ponen en peligro la salud de los consumidores. Hace falta, también, un cambio en la Ley de Cadena Alimentaria. No puede ser que el agricultor que es el que cultiva y asume todos los costes y riesgos de la cosecha, sea el que menos cobre, y los intermediarios se llenen los bolsillos a costa del sudor del primero.
La Agenda 2030 está ocasionando grandes daños al campo andaluz. Una agenda que se disfraza con palabras bonitas. Una agenda que se define a sí misma como protectora de los derechos humanos y la pobreza. ¿Quién no estaría de acuerdo con ese titular? Al desglosar el articulado y leer uno a uno los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te das cuenta de que a lo que nos lleva es, precisamente, a la pobreza, al hambre y a la ruina.
Miren, derecho es que los agricultores tengan agua suficiente con la que poder cultivar. Sin embargo, subvencionamos desaladoras en terceros países para mecanizar su agricultura produciendo con mano de obra esclava, y fomentar la competencia desleal.
Derecho es que un agricultor cobre por un kilo de limones en el Valle del Guadalhorce, como mínimo, para que cubra los costes de producción y le quede algún margen para poder vivir. Y una vergüenza es que se les esté pagando a menos de 10 céntimos el kilo. Cuesta más comprar una bolsa de plástico, de esas de supermercado. El objetivo de la Agenda 2030 es que nosotros dejemos de producir y los países en desarrollo exporten masivamente.
Por tanto, ¿derechos para quién? ¿Para las élites? ¿Para unos sí y otros no?
Y no lo olvidemos, un Pacto Verde Europeo que fue aprobado en enero de 2020 gracias a los votos de la gran coalición del PP y PSOE y que, incluso Moreno Bonilla, hace unas semanas, pidió en Bruselas agilizar su aplicación; llegando hasta a reclamar un Pacto Verde Mundial. Y ahora hemos visto también a la consejera de Agricultura ir corriendo a adherirse al Pacto Rural Europeo para ser la primera región en adherirse.
Nosotros ya sabemos lo que hay detrás de todas esas palabras bonitas, nos suenan de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, y sus consecuencias las estamos viendo todos. No tienen suficiente con el sector primario, que ahora también van por el mundo rural.
Tampoco podemos olvidar el daño que está ocasionando la injerencia marroquí a Andalucía y España. Según la propia Consejería de Agricultura, Marruecos habría superado ya las 26.000 hectáreas de invernaderos y están creciendo a un ritmo de casi 2.000 hectáreas por año. En Almería, la conocida como ‘Huerta de Europa’, hay unas 32.000.
No hablamos sólo de una competencia desleal frontal, sino el peligro para la salud humana que supone ingerir cualquier fruta u hortaliza procedente de terceros países que no cumplen con la estricta normativa fitosanitaria, a diferencia de cualquier productor europeo. Fresas importadas con Hepatitis A o los altos niveles de metomilo encontrados en sandías, son algunos ejemplos que hacen saltar todas las alertas sanitarias en nuestro país, pero no parecen servir de freno.
Hace unos días era interceptado un camión cargado de fresas procedentes de Marruecos. ¿Saben a dónde iba ese camión? A Huelva. ¿De verdad alguien piensa que, en Huelva, uno de los principales productores de frutos rojos del mundo necesita importar fresa de Marruecos? Estas son las consecuencias de las políticas agrarias que tanto PP como PSOE apoyan en Bruselas.
Desde VOX llevamos años defendiendo lo que reclaman los agricultores. Hemos pedido: un Plan Nacional del Agua que, bajo el principio de solidaridad, la lleve de donde sobra a donde falta; hemos defendido a los agricultores frente a la criminalización del uso de regadíos, la agenda 2030 y la competencia desleal; hemos exigido una correcta aplicación de la Ley de cadena alimentaria para que los ganaderos y agricultores no sigan vendiendo sus productos a pérdidas; la reducción de la burocracia, la rebaja de las exigencias de la PAC y de los impuestos al gasóleo agrícola; hemos solicitado el establecimiento de ayudas directas para hacer frente a la sequía, así como la creación de la oficina contra el fraude en el reetiquetado.
Medidas que llevamos exigiendo al Gobierno de Moreno Bonilla desde nuestra entrada en el Parlamento de Andalucía en 2018. Todas en defensa de nuestro sector primario, frente a esas políticas globalistas ante las que ni el Gobierno de España, ni el de Andalucía – ni PSOE ni PP– han sido capaces de plantar cara.
¿Qué ocurre ahora? Cuando han visto que los agricultores han estallado, y están saliendo a las calles a denunciar aquello que, precisamente VOX lleva años advirtiendo, algunos dicen que es VOX quién está detrás de las manifestaciones.
Detrás de los agricultores, lo único que hay es hartazgo, están hasta las narices de las políticas agrarias europeas, la Agenda 2030 y de que políticos, que no tienen ni idea de lo que es trabajar en el campo, sean los que les digan cómo tienen que trabajar y qué cultivar en sus tierras. Pretenden darles lecciones de sostenibilidad a quienes llevan generaciones cultivando la misma tierra.
En definitiva, lo que están reclamando los agricultores, tanto andaluces como del resto de España, es que los dejen ganarse el pan como han venido haciendo generación tras generación; y dejen de arruinarlos con esas políticas globalistas que son un auténtico cáncer para el sector primario, que los asfixia con la soga verde de Bruselas.
