Un total de cuarenta y cuatro ciudadanos estadounidenses han sido ejecutados en este año 2025 por las autoridades de su país, a los que se suman los condenados que aguardan en el “corredor de la muerte” de varios centros penitenciarios.
Se trata de un tipo de castigo propio de tiempos pasados que debe ser eliminado de todas las naciones donde se respete actualmente el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según varios informes de la organización Amnistía Internacional, de los 2.500 reos que actualmente se encuentran esperando su ejecución en las cárceles de los Estados Unidos, la mayoría de ellos son personas que padecen enfermedades mentales, pertenecen a minorías raciales, grupos sociales económicamente desfavorecidos o que fueron juzgadas mediante pruebas circunstanciales y sin las debidas garantías jurídicas.
Asimismo, una investigación realizada durante casi cuatro décadas por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU concluyó que: “no hay evidencias de que este castigo sirva para reducir los crímenes”.
Hoy en día, en ninguno de los países que conforman la Unión Europea existe ya la pena de muerte. En el caso de España, la máxima sanción penal es la prisión permanente revisable.
En conclusión, las “ejecuciones legales” de personas que han cometido un delito son un vestigio de épocas bárbaras que no tiene cabida en las sociedades civilizadas del siglo XXI.
